La articulación entre universidades, empresas y Estado crea un nuevo lenguaje en el que términos como innovación, competitividad y automatización dejan de ser metas inalcanzables para la industria local.
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Un equipo de profesionales en lingüística del CONICET y de universidades nacionales salió al cruce de la resolución del gobierno porteño que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad.
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Desde España sembraron sospechas sobre el proceso de licitación en una convocatoria internacional lanzada para evaluar técnicas extractivas. Geopolítica del litio e intento de lobby desde Estados Unidos. Por Federico Nacif.
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Veinte países de la región se pronunciaron a favor de su creación, pero apenas cinco ratificaron la adhesión a través del Poder Legislativo. Gobernanza espacial diversa y prioridades alejadas de la política científica en los parlamentos latinoamericanos.
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El Ministerio de Ciencia, a través de la Agencia I+D+i, impulsa cambios al régimen de Compre Argentino. El Estado como mediador entre el laboratorio científico y “la góndola”.
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El Gobierno y las provincias del NOA promueven el desembarco de capitales internacionales. 17 megamineras internacionales controlan las reservas del país. Apuesta por la nacionalización en la región. ¿Qué lugar le queda a Y-TEC para agregar valor?
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Son algo más del 10% de quienes hacen investigación científica en Argentina. Exigencias y sanciones como si fueran investigadores, pero sin reconocimiento equivalente. ¿Qué lugares tienen el salario y las condiciones para investigar en el proyecto de política científica?
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¿Qué riesgos conlleva Invisibilizar el aporte de los actores y grupos sociales que intervienen en los procesos de CTI. Género, CPAs y perspectiva para mirar la dinámica social de la ciencia y la tecnología.
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Desde 2015, el ingreso al CONICET se redujo casi 30%. Menos presupuesto y desaliento a investigar. CONICET: ¿Cada vez más lejos para las Ciencias Sociales?. Por Federico Giovanetti y Jazmín Cevasco.
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Tiene respaldo de organizaciones, científicos, legisladores y legisladoras nacionales. Buscan adaptar prácticas de los agricultores a “pautas respetuosas de las capacidades ecosistémicas”.
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