El pasado 7 de junio, a solo una semana de la fecha límite para que la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) de a conocer los resultados de la convocatoria internacional lanzada para evaluar nuevas técnicas extractivas, el periódico El País del Grupo Prisa”, acaso el mayor conglomerado de medios de comunicación de España, publicó un artículo acusando al hijo del presidente Arce de favorecer a empresas rusas en la “adjudicación de contratos de explotación de litio”. Como suele suceder, estas acusaciones fueron presentadas sin fundamento ni prueba alguna y no tardaron en ser replicadas por buena parte de la prensa local y regional, reproduciendo en ese camino los mismos errores y la total falta de rigurosidad periodística.
Lo primero que debe aclararse tiene que ver con la propia convocatoria lanzada por la empresa estatal YLB. No se trata de una “licitación” o “adjudicación de contratos” para explotar el salar de Uyuni, como se repite de manera sistemática con evidente intencionalidad o desconocimiento. De hecho, la legislación boliviana lo prohíbe rotundamente. Según la Ley de Minería y Metalúrgica aprobada en 2014, el litio y el potasio son “elementos estratégicos cuyo desarrollo se realizará por empresas públicas” (art. 26), que deberán tener ” una participación 100% estatal” (art. 73), como la empresa YLB creada en 2017 para asumir la responsabilidad sobre toda la cadena productiva. Por el contrario, la iniciativa lanzada por YLB consiste en una “convocatoria” para evaluar las nuevas técnicas de “Extracción Directa de Litio” (EDL) que se encuentran en etapa de desarrollo y que aún no se aplicaron en ningún lugar del mundo.
¿Esto quiere decir que, después de todos estos años, YLB descartó la técnica de evaporación solar desarrollada con tantos esfuerzos? No. De hecho, con la recuperación de la democracia en noviembre de 2020, YLB retomó la construcción de la planta de carbonato de litio por evaporación solar iniciada en 2018, que había sido interrumpida por el golpe de estado de 2019. Actualmente la planta industrial de carbonato de litio alcanza un grado de avance del 80% y su inauguración está prevista para comienzos del año próximo, con una capacidad anual de 15.000 toneladas. Lejos de haber malgastado tiempo y dinero, como repiten sin cansancio en la prensa masiva, los avances registrados son resultado de una novedosa estrategia de industrialización soberana diseñada en 2008, que comprometió una inversión pública cercana a los US$ 1.000 millones de dólares y que incluye además una planta industrial de Cloruro de Potasio, un moderno centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales y Recursos Evaporíticos, y tres plantas de pilotaje totalmente equipadas que permite un dominio técnico sobre toda la cadena “del salar a las baterías”: una planta de carbonato de litio, otra de materiales catódicos y otra de baterías litio-ion. Lo único que no se logró retomar de la estrategia interrumpida por el golpe de estado, fue el acuerdo que YLB había suscripto con la empresa alemana ACI Systems para instalar en Bolivia una planta industrial de hidróxido de litio, materiales catódicos y baterías.
Pero entonces, si no es una licitación para poder explotar el salar, ¿cuál es el interés de las empresas que participan? Sencillo, la oportunidad de probar y de validar la tecnología patentada, con una empresa pública que es dueña de la mayor reserva de litio del mundo y que promete irrumpir pronto en el mercado mundial. ¿Y qué gana la empresa estatal YLB? Conocer de primera mano, de manera confidencial y sin invertir un solo dólar, la disponibilidad de nuevas tecnologías de EDL, que podrían permitirle en el futuro optimizar aún más su actual estrategia productiva. En todo caso, la convocatoria lanzada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia junto a YLB, en medio de la creciente demanda mundial de litio por las políticas de transición energética, tuvo una repercusión inmediata: de las 20 empresas que se presentaron inicialmente, 8 fueron seleccionadas para hacer pruebas piloto, debiendo entregar sus informes finales en el pasado mes de mayo: cuatro empresas chinas, dos norteamericanas, una rusa y una argentina.
“Sospechas”
Volvamos ahora al artículo de El País: ¿en qué consisten las “sospechas” que supuestamente ensombrecen la convocatoria para probar tecnologías EDL? Más precisamente, ¿en qué consiste la presunta influencia que estaría ejerciendo el hijo del presidente Arce para favorecer a la empresa rusa? El único elemento que exhibe el artículo como prueba de la supuesta influencia es una fotografía con “personal de la rusa Uranium One”, sin fecha, ni lugar, ni nombres. Tampoco ofrece ningún elemento para explicar ni al menos describir las presuntas irregularidades del proceso de selección, al que por supuesto confunden con una licitación para explotar el salar. Sólo se limita a adjetivar sin datos, desconociendo los criterios más elementales del buen ejercicio periodístico.
Aún así, cabe preguntarse por la empresa que estaría siendo beneficiada por las presuntas influencias del hijo del presidente. Se trata de Uranium One, una empresa con probadas calificaciones para participar de la convocatoria, cuya única falta es provenir de Rusia en medio de la guerra contra la expansión de la OTAN hacia Ucrania. Uranium One es una de las productoras de uranio más grandes del mundo, que forma parte de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia, Rosatom. En cuanto al litio, Uranium One estaba desarrollando un proyecto en la provincia de Salta de Argentina junto a la canadiense Alpha Lithium, hasta que en el mes de abril fue expulsada del joint venture en respuesta a las presiones antirusas ejercidas por Estados Unidos y la OTAN.
Finalmente, entonces, ¿quién está detrás de esta nueva campaña de desprestigio contra la política del litio que impulsa Bolivia? La respuesta no puede sorprender a nadie. Se trata de Energy X, una start up norteamericana proveniente de Texas, que no tiene experiencia concreta en el desarrollo de grandes explotaciones de recursos naturales y que, desde un principio, desplegó un desmesurado operativo de lobby mediático para influenciar abiertamente el proceso de selección, dando por sentada su superioridad técnica y sobre todo moral frente a las competidoras chinas y rusas. Sin embargo, la espuma duró poco. El día 8 de junio, tanto Energy X como la argentina Tecpetrol, que habían sido preseleccionadas entre las primeras ocho empresas sin que nadie pusiera en duda el proceso de selección, fueron expulsadas del concurso, simplemente por no cumplir con el plazo de entrega y la documentación requerida.
Aún quedan en carrera seis empresas postulantes, cuatro empresas chinas, una empresa norteamericana y la empresa rusa que Energy X pretende descalificar de antemano. La acusación mediática de influencia antes de que la convocatoria concluya, sólo puede tener un objetivo inconfesable: descalificar a las competidoras de Energy X e interrumpir el proceso de selección. Según las consideraciones del asesor de Energy X, Andrea Zanon, sólo las empresas norteamericanas pueden garantizar criterios de “sustentabilidad ESG” (ambiental, social y de gobernanza). Con esta terminología, el bloque liderado por Estados Unidos está construyendo una nueva institucionalidad empresarial, para tratar de conservar un poder de veto o de bloqueo que les permita condicionar a los países productores de materias primas para la transición energética. Una nueva versión de su tradicional modus operandi: dicen defender la libertad de expresión haciendo operativos mediáticos, dicen defender la paz haciendo la guerra, dicen defender la democracia promoviendo golpes de estado y dicen defender los intereses nacionales con privatizaciones de empresas públicas.
Hasta ahora, la estrategia de industrialización soberana impulsada en Bolivia por YLB, logró sobrevivir al golpe de estado, que fue capaz de demorarla pero no tuvo la suficiente fuerza como para instalarse en el poder y emprender su plan privatizador. Bolivia aún está a tiempo de recuperar el tiempo perdido.
