El Poder Ejecutivo les puso un plazo de 15 días para presentar sus planes de trabajo de 2027 y justificar allí los presupuestos de gastos que, a la postre, el gobierno “decidirá si cubre o no”.
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La Sala II de la Cämara Contencioso Adminstrativo Federal validó la posición de la universidad y determinó que es la Auditoría General de la Nación el organismo ante el que las universidades deben informar sus registros contables.
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El juez Santiago Carrillo argumentó que el pedido requiere de una mayor amplitud de debate y prueba, y destacó que la casa de altos estudios presentó distintos informes de gestión en los últimos años.
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Un dictamen técnico del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal concluyó que la SIGEN no tiene jurisdicción sobre la UBA, y resaltó el rol de la Auditoría General de la Nación.
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Por presión del Poder Ejecutivo, el órgano, que ya admitió que esa tarea no es de su competencia, rechazó la medida cautelar presentada por la UBA para que las auditorías las realice la AGN.
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El órgano dependiente del Poder Ejecutivo admitió en un documento que es la AGN la que realiza esa tarea y dejó en evidencia que al Gobierno, que buscaba meterse por la ventana en las cuentas de las universidades.
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Así lo confirmó el titular del órgano de control, Juan Manuel Olmos, ante la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso. La medida fortalece la postura de las universidades.
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Es para rendir cuenta sobre los fondos transferidos por el Estado. El Síndico General de la Nación, Miguel Blanco, hizo la presentación con el respaldo del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.
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En un contundente comunicado, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó su “dictamen técnico”, ratificando la posición de la UBA de rechazo a la SIGEN. Señalan que son el ente público “más controlado”.
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Las casas de estudio superiores objetan que ya existen mecanismos de control internos y externos. Un juez le dio cinco días de plazo al Gobierno. Advierten que se trata de “un caballo de Troya” para intervenir en la libertad académica.
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