Ante el incumplimiento del Gobierno a la cautelar que la Corte dejó firme, los rectores del CIN) solicitaron que el fuero contencioso administrativo dicte una sentencia definitiva sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
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Así se lo reiteró a la Justicia tras el pedido para que se actualice la recomposición restante del 25% de los fondos adeudados para presupuesto y salarios que fija la ley de Financiamiento Universitario.
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Desde Casa Rosada aducen que la cautelar se refiere solo a dos artículos y pone como justificativo el reciente acuerdo con gremios y rectores de universidades.
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Las universidades aceptaron la recomposición del 24% a pesar que la pérdida en dos años llegó al 52%. El gobierno actualizará lo adeudado con los gremios en paritarias cada tres meses y el CIN sostiene la cautelar.
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El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ordenó dar marcha atrás con la resolución 42/26 del organismo científico que dejaba en la calle a unos 700 técnicos, profesionales, administrativos y especialistas.
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El gremio que representa a los trabajadores del organismo científico-tecnológico presentó un recurso contra la cesación de servicios, cierre de laboratorios y áreas técnicas que impulsa el gobierno nacional.
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El juez Ernesto Kreplak solicitó saber en qué estado se encuentra el organismo científico. En su juzgado se tramitan varias causas en los que se dispuso que en BNDG realice cotejos de ADN.
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El Juez de 1ra. Instancia Martín Cormick tomó la decisión sobre la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, hasta que defina la Corte Suprema.
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Los gremios que representan a los trabajadores del INTA, Apinta y ATE, presentaron una acción de amparo en la justicia federal de San Martín en rechazo de la decisión del Gobierno.
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Lo determinó el juez Marcelo Rebequi, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia número 11. Revés de la Justicia al Gobierno en medio del conflicto con las universidades que reclaman por salarios y presupuesto.
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