El gobierno nacional finalmente le reiteró a la Justicia que no avanzará con el cumplimiento de la cautelar presentada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional que obligaba al Poder Ejecutivo a cumplir con la recomposición total de los fondos adeudados para salarios, presupuestos y becas.
El argumento es que avanzará con las actualizaciones en el modo que lo acordó con el CIN y con los gremios. Tras ese acuerdo, el Poder Ejecutivo depositó el 21,3% de lo adeudado para becas y salarios de docentes y NODOCENTES desde el inicio de la gestión libertaria.
Sin embargo, la pérdida salarial asciende al 52% en casi tres años, y es ese resto lo que reclaman los gremios, los rectores y la comunidad académica.
Respuesta a la Justicia sobre la deuda con las universidades
Pues bien, en un comunicado emitido ayer, 14 de julio, el gobierno nacional le reiteró a la Justicia Contencioso Administrativa que no cumplirá con la cautelar en tiempo y forma, sino del modo en que lo acordó con el CIN y con las federaciones gremiales.
El Poder Ejecutivo cita como su argumento fuerte el Acta Acuerdo del 10/6 y las notas del Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y del Secretario de Educación, Carlos Torrendell.
La recomposición que resta
A casi tres semanas del fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó el último recurso del Gobierno, las Universidades nacionales y los gremios del sector esperaban que el Ejecutivo cumpliera con la Ley de Financiamiento en la próxima liquidación de haberes docentes y no docentes, correspondiente a julio.
La recomposición debería ser en torno al 25%, teniendo en cuenta que por el acuerdo salarial suscripto a fines de mayo –que corrió en paralelo a la disputa judicial por la aplicación de la Ley-, los haberes ya se incrementaron 21,3% y otro 3% tocaría en octubre próximo.
Rechazo de la Justicia
El fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, que al rechazar el recurso extraordinario del Gobierno dejó firme lo resuelto por las instancias inferiores de la Justicia, haciendo lugar al amparo presentado por el CIN para garantizar el pago de la totalidad de los salarios adeudados a docentes y no docentes, y también las becas estudiantiles, fue un enorme triunfo para las Universidades nacionales.
Por la falta de actualización salarial –lo que vino a reparar la ley del Congreso sancionada en 2025, que Javier Milei vetó, pero fue insistida por dos tercios en cada Cámara- los docentes y no docentes habían perdido alrededor de 50% de sus ingresos frente a la inflación.
Pero, desde entonces, la situación era de tensa espera. El Gobierno ahora dejó trascender que se ampara en la negociación con los gremios para avanzar con la deuda restante que tiene con las universidades.
Entre los rectores la expectativa estaba centrada en que el Gobierno cumpliera con la cautelar en esta próxima liquidación de haberes, que alcanza a unos 200 mil docentes universitarios en todo el país.
