La Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III resolvió que la apelación presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra la suspensión de la ejecución de la medida cautelar se volvió abstracta, dado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario del Estado Nacional.
Así, confirmó la vigencia de la cautelar que protege a las universidades públicas frente al Decreto 759/25.
Con esta decisión, el expediente vuelve a primera instancia para que se ejecute plenamente la medida cautelar, removiendo cualquier obstáculo que el Estado hubiera intentado interponer para frenar su aplicación.
La resolución de la Cámara confirma que la cautelar sigue vigente, que su ejecución no puede ser suspendida, y que la defensa de la educación pública avanza con respaldo judicial firme.
El camino del conflicto con las universidades
El Gobierno nacional promulgó la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) en 2025 mediante el Decreto 759/25, pero condicionó su cumplimiento.
Frente a esto, el CIN (y gremios docentes) presentó un amparo y pidió una medida cautelar urgente para garantizar la actualización de salarios (docentes y no docentes) y de las becas estudiantiles.
El Juez de primera instancia concedió la cautelar ordenando pagar según lo establecido por la ley.
El Gobierno apeló primero ante la Cámara Federal y luego llegó hasta la Corte Suprema de Justicia; en ambas instancias el Poder Judicial respaldó el reclamo y rechazó las presentaciones del Poder Ejecutivo.
Ahora, la cautelar quedó plenamente firme, asi que el Poder Ejecutivo está jurídicamente obligado a disponer de las partidas presupuestarias correspondientes.
