El Juez de 1ra. Instancia Martín Cormick tomó la decisión sobre la cautelar a favor de las Universidades por la Ley de Financiamiento Universitario hasta que defina la Corte Suprema la apelación del Gobierno. Las universidades apelarán la medida.
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Los gremios que representan a los trabajadores del INTA, Apinta y ATE, presentaron una acción de amparo en la justicia federal de San Martín en rechazo de la decisión del Gobierno.
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Lo determinó el juez Marcelo Rebequi, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia número 11. Revés de la Justicia al Gobierno en medio del conflicto con las universidades que reclaman por salarios y presupuesto.
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Mientras negocia con los rectores, el Ejecutivo recurrió la medida cautelar que ordenaba actualizar salarios y presupuestos de las universidades. Buscan una reforma para frenar el conflicto.
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En el encuentro con los rectores, Torrendell pidió que se levante la cautelar de la Justicia que obliga al Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y a cambio propuso saldar un tercio de la deuda con las universidades.
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Aunque el Gobierno nacional intentó derogarla por DNU, la Ley de Tierras Rurales sigue vigente por una medida cautelar sobre la que deberáexpedirse la Corte Suprema de la Nación.
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El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 11 avaló el recurso presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) qye obliga al Poder Ejecutivo a aplicar los artículos 5° y 6° de la Ley 27795 de Financiamiento Universitario.
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Cuatro senadores de Río Negro y Neuquén presentaron un amparo en la Justicia contra el proceso licitatorio, por irregularidades y “no contemplar intereses nacionales y provinciales”.
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El titular del gremio que representa a los trabajadores del organismo (APINTA) pidió que vuelva a funcionar el Consejo Directivo que eliminó Javier Milei y advirtió: “Vamos a denunciar a Caputo por desobediencia a la Justicia”.
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Al igual que en el INTI, los trabajadores del organismo científico especializado en transferencia tecnológica hacia el agro presentaron una cautelar contra el decreto 462/2025 del gobierno nacional.
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