Según datos del Centro CEPA el ajuste de fondos para la cartera científica están entre los más profundos. Caída de salarios, suspensión de programas de investigación e incumplimiento de la Ley de Financiamiento de Ciencia.
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Mientras las universidades nacionales amenazan con no empezar el cuatrimestre, el Gobierno Nacional quiere sancionar una ley propia de financiamiento que recompone sólo la mitad de lo perdido en 2025.
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El Poder Ejecutivo envió al Congreso su propio proyecto de financiamiento universitario en el que recompone apenas un 12% de lo que perdieron los docentes y nodocentes en 2025.
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A pesar del acercamiento de las últimas semanas el gobierno insiste en no cumplir con la ley de financiamiento universitario. La universidad crece como horizonte aspiracional con la crisis económica.
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La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología expusieron la precariedad laboral en el sector y proponen cambios para becarios, celeridad para efectivización de concursos, jubilaciones, mejores salarios y convenios colectivos entre otras demandas.
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Febuba y AGD-UBA despliegan sus planes de lucha ante la parálisis presupuestaria que pesa sobre las universidades y sobre los y las docentes de parte del gobierno de Javier Milei.
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La empresa LX Argentina que está en la mira por el caso de sobreprecios y retornos en Nucleoeléctrica y que hizo renunciar a Demián Reidel fue proveedora histórica del macrismo y aún tiene contratos multimillonarios en la Ciudad.
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El presidente de Nucleoeléctrica habría usado fondos de la empresa estatal para saldar millonarias deudas personales. Mileei evalúa mantenerlo en su equipo como hizo con su hermana tras el caso ANDIS.
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El (ahora ex) presidente de la empresa que se encarga de controlar las centrales atómicas nacionales estaba sospechado por un caso de sobreprecios y supuestos “retornos” con los que habría saldado millonarias deudas personales.
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Representa el 10% del total de tierras del INTA que hoy se destinan a experimentación e investigación. El Consejo Directivo las tiene “en observación”. Además, habilitaría el recorte de programas de investigación.
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