La Ley Hojarasca logró este miércoles media sanción en la Cámara de Diputados con 138 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones, pero el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propone derogar más de 60 normativas que el gobierno considera obsoletas, y entre ellas está la ley que protege legalmente a las “empresas estratégicas”.
La iniciativa cambia de raíz el rol del Estado en el desarrollo científico y productivo argentino. Y pone en la mira a empresas clave como la satelital Arsat y el proyecto nuclear CAREM.
Producción pública de medicamentos, al filo de la motosierra libertaria
Entre las normativas a derogar figura la Ley 25.750/2003 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales. También la Ley 26.688, que fomenta la investigación y producción pública de medicamentos.
El gobierno admite que se trata de un cambio en el “paradigma del Estado omnipresente“, según palabras de la crónica oficial del ministerio de Sturzenegger.
Ahora el debate pasa al Senado. Allí se definirá si Argentina protege o desprotege definitivamente sus activos tecnológicos.
Otra vez el sector científico, sin amparo y al filo de la motosierra
El listado completo supera las 60 leyes y decretos. Pero hay dos que impactan directamente en sectores estratégicos.
La primera es la Ley 25.750, conocida popularmente como “Ley Clarín”. Esa normativa limita al 30% la participación de capitales extranjeros en medios y protege bienes culturales.
Pero su artículo primero va mucho más allá de los medios. El texto vigente establece que el Estado debe preservar especialmente:
El patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural
Empresas dedicadas a ciencia, tecnología e investigación avanzada
Actividades e industrias relevantes para la defensa nacional
El espectro radioeléctrico y los medios de comunicación
Sin esa protección legal, empresas como Arsat quedarían expuestas al ingreso masivo de capitales foráneos. Y, eventualmente, a la privatización.
La segunda norma en riesgo es la Ley 26.688. Esa legislación fomenta la investigación y producción pública de medicamentos. Su derogación representa otro golpe al desarrollo científico local.
Fuentes de Arsat admitieron a TeleSemana.com que “nos agarró de sorpresa anoche y los abogados están estudiando las novedades” sobre el impacto de la derogación.
Cómo afecta específicamente a Arsat la Ley Hojarasca
Los rumores de privatización de Arsat suenan con fuerza desde el inicio de esta gestión. En paralelo, el gobierno abandonó el discurso de “empresa deficitaria” y empezó a reconocer su carácter superavitario.
La Ley 25.750 fue sancionada en 2003. En aquellos años se comentaba en los pasillos que permitió salvar de la quiebra al Grupo Clarín. Pero su alcance protector resultó más amplio.
Hoy, esa legislación funciona como paraguas legal para empresas estratégicas. Al derogarla, el gobierno habilita formalmente el ingreso de capitales extranjeros sin límites.
Para Arsat, esto significa quedar vulnerable a operaciones de compra o absorción. La empresa satelital argentina, que diseñó y lanzó dos satélites propios, pasaría a ser un activo privatizable sin restricciones.
En la compañía siguen de cerca cada movimiento legislativo. La preocupación crece porque la derogación no es solo simbólica: desactiva barreras concretas a la extranjerización.
El contexto de crisis del sistema científico argentino
La Ley Hojarasca llega en medio de una crisis profunda del sistema científico y tecnológico local. En los últimos tres años, Argentina vivió seis movilizaciones federales y multitudinarias en defensa de la universidad pública.
Las razones son claras. Según el Centro de Investigación e Innovación en Ciencia, Tecnología e Industria (CIICTI) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el retroceso presupuestario alcanza el 47,7% desde 2023.
El desfinanciamiento golpeó programas históricos. Entre ellos:
Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT)
Equipar Ciencia y Construir Ciencia (infraestructura federal)
Programa Raíces (repatriación de científicos)
Programas de cooperación multilateral
Se perdieron 5.700 puestos de trabajo en organismos como el Conicet, el INTI y el INTA. También en otras empresas públicas del sector tecnológico.
Luis Zas, dirigente telefónico y director de Nuevas Tecnologías de la CTA Autónoma, fue claro en un evento reciente: “Esta es una pelea que venimos dando hace 80 años”.
Zas advirtió que la clave está en definir qué país se pretende: “Nosotros pretendemos este proyecto como proyecto de soberanía. Ellos, desde la entrega”.
Los casos de CAREM y la soberanía de datos en juego
El reactor nuclear CAREM es el ejemplo más emblemático de lo que está en riesgo. Se trata del primer reactor modular tipo SMR diseñado íntegramente en Argentina.
En 2005, una comisión de expertos del Departamento de Energía de Estados Unidos eligió al CAREM entre más de 10 proyectos mundiales. Hoy está paralizado por desfinanciamiento.
Adriana Serquis, diputada y expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), denunció la situación. “El CAREM posiciona al país como un referente global en este segmento“, aseguró.
El proyecto utiliza el 70% de insumos de industria nacional. Su capacidad de exportación permitiría ingresos proyectados de más de u$s2.500 M. “Eso es lo que quieren impedir con el cierre del programa”, advirtió Serquis.
En el mismo evento realizado en Buenos Aires, Ezequiel Mc Govern, jefe de innovación TI de Arsat, instó a “defender las infraestructuras críticas de data centers, telecomunicaciones, generación de energía“.
Mc Govern valoró esos activos como claves “para poder crecer como país“. El debate sobre soberanía de datos también forma parte del escenario.
El gobierno propone desarrollar data centers en la Patagonia con energía nuclear. Pero los referentes del sector preguntan por qué se desfinancian los proyectos existentes en lugar de potenciarlos.
