El Senado de la Nación avanza este miércoles con el dictamen sobre el proyecto de Ley Hojarasca, la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para eliminar casi 60 leyes que el Gobierno Nacional considera «obsoletas«.
El proyecto estipula la eliminación de leyes que la gestión libertaria cree «limitan las libertades de los ciudadanos» aprobadas durante los gobiernos militares y distintos gobiernos constitucionales durante el siglo XX.
Sin embargo, en el paraguas del proyecto aparece la modificación a definiciones claves como la protección de empresas consideradas “estratégicas”, y que el gobierno de Javier Milei busca privatizar.
Producción pública de medicamentos, al filo de la motosierra libertaria
Entre las normativas a derogar figura la Ley 25.750/2003 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales. También la Ley 26.688, que fomenta la investigación y producción pública de medicamentos.
El gobierno admite que se trata de un cambio en el “paradigma del Estado omnipresente“, según palabras de la crónica oficial del ministerio de Sturzenegger. Ahora el debate pasa a las comisiones del Senado. Allí se definirá si Argentina protege o desprotege definitivamente sus activos tecnológicos.
Considerar al medicamento como un bien social, asegurar su acceso gratuito y con ello contribuir a garantizar el derecho a la salud es la filosofía del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe, que desde 1947 provee de medicinas al sistema público y en los últimos años extendió su accionar al ámbito de la Nación a través del Programa Remediar y el Instituto Nacional del Cáncer.
Foto: Luis Cetraro
La ciencia y la tecnología, otra vez en la mira de Milei
Otra vez el sector científico, sin amparo y al filo de la motosierra porque hay dos que impactan directamente en sectores estratégicos. La primera es la Ley 25.750, conocida popularmente como “Ley Clarín”. Esa normativa limita al 30% la participación de capitales extranjeros en medios y protege bienes culturales.
Pero su artículo primero va mucho más allá de los medios. El texto vigente establece que el Estado debe preservar especialmente:
El patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural
Empresas dedicadas a ciencia, tecnología e investigación avanzada
Actividades e industrias relevantes para la defensa nacional
El espectro radioeléctrico y los medios de comunicación
Sin esa protección legal, empresas como Arsat quedarían expuestas al ingreso masivo de capitales foráneos. Y, eventualmente, a la privatización.
ARSAT y los reactores CAREM y RA-10, al filo de la privatización
La segunda norma en riesgo es la Ley 26.688. Esa legislación fomenta la investigación y producción pública de medicamentos. Su derogación representa otro golpe al desarrollo científico local.
Los rumores de privatización de Arsat suenan con fuerza desde el inicio de esta gestión. En paralelo, el gobierno abandonó el discurso de “empresa deficitaria” y empezó a reconocer su carácter superavitario.
La Ley 25.750 fue sancionada en 2003. En aquellos años se comentaba en los pasillos que permitió salvar de la quiebra al Grupo Clarín. Pero su alcance protector resultó más amplio.
Hoy, esa legislación funciona como paraguas legal para empresas estratégicas. Al derogarla, el gobierno habilita formalmente el ingreso de capitales extranjeros sin límites.
Para Arsat, esto significa quedar vulnerable a operaciones de compra o absorción. La empresa satelital argentina, que diseñó y lanzó dos satélites propios, pasaría a ser un activo privatizable sin restricciones.
En la compañía siguen de cerca cada movimiento legislativo. La preocupación crece porque la derogación no es solo simbólica: desactiva barreras concretas a la extranjerización.
El contexto de crisis del sistema científico argentino
La Ley Hojarasca llega en medio de una crisis profunda del sistema científico y tecnológico local. En los últimos tres años, Argentina vivió seis movilizaciones federales y multitudinarias en defensa de la universidad pública.
Las razones son claras. Según el Centro de Investigación e Innovación en Ciencia, Tecnología e Industria (CIICTI) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el retroceso presupuestario alcanza el 47,7% desde 2023.
El desfinanciamiento golpeó programas históricos. Entre ellos:
Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT)
Equipar Ciencia y Construir Ciencia (infraestructura federal)
Programa Raíces (repatriación de científicos)
Programas de cooperación multilateral
Se perdieron 5.700 puestos de trabajo en organismos como el Conicet, el INTI y el INTA. También en otras empresas públicas del sector tecnológico.
Luis Zas, dirigente telefónico y director de Nuevas Tecnologías de la CTA Autónoma, fue claro en un evento reciente: “Esta es una pelea que venimos dando hace 80 años”.
Zas advirtió que la clave está en definir qué país se pretende: “Nosotros pretendemos este proyecto como proyecto de soberanía. Ellos, desde la entrega”.
Los casos de CAREM y la soberanía de datos en juego
El reactor nuclear CAREM es el ejemplo más emblemático de lo que está en riesgo. Se trata del primer reactor modular tipo SMR diseñado íntegramente en Argentina.
En 2005, una comisión de expertos del Departamento de Energía de Estados Unidos eligió al CAREM entre más de 10 proyectos mundiales. Hoy está paralizado por desfinanciamiento.
Adriana Serquis, diputada y expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), denunció la situación. “El CAREM posiciona al país como un referente global en este segmento“, aseguró.
