Por Marcelo Rodríguez
El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo no puede basarse sólo en el temor de las empresas a ser sancionadas por contaminar. Por eso, la novedosa Red de Adecuación Ambiental creada por ACUMAR promueve otro tipo de vínculo entre sector público y privado a través de las universidades y el sistema científico tecnológico, facilitando asesoramiento y herramientas financieras a las empresas para crecer bajo nuevos estándares de calidad ambiental.
La cuenca hídrica Matanza-Riachuelo fue históricamente sinónimo de contaminación, porque en su angosto cauce han desembocado (indiscriminadamente y por décadas) los efluentes de una de las zonas industriales más densamente pobladas y productivas de la Argentina. Pero también porque la imprescindible tarea de sanear esas aguas fue enturbiada -allá por la década de 1990- por severos y sonados casos de corrupción.
En 2006, ante la ausencia total de controles y de medidas de cuidado ambiental que había por entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), con participación conjunta de los gobiernos de la Nación, la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comenzó una nueva etapa.
En la institución aseguran que unas 600 de las 1400 empresas que hoy están empadronadas y registradas como contaminantes de la cuenca ya han podido adecuarse a nuevos estándares de cuidado ambiental y tratamiento de residuos para evitar seguir contaminando. Pero desde luego queda muchísimo por hacer, no sólo en relación con los residuos que arrojan las diversas industrias de la zona (curtiembres, galvanoplastia, frigoríficos, químicas) sino también con los residuos cloacales sin tratamiento provenientes de buena parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
¿Hasta dónde es posible revertir los estados de contaminación en esta cuenca, que abarca a 14 municipios bonaerenses y parte de la Ciudad Autónoma, con sus ríos, arroyos y cursos subterráneos? El objetivo, deseable y factible, según cuenta el licenciado Bruno de Alto, director general de gestión ambiental de ACUMAR, es alcanzar en un plazo de cuatro a cinco años lo que en los estándares ambientales se conoce como “Uso 4”: En una escala donde el “Uso 1” sería lo óptimo, explica De Alto, “el Uso 4 implica un nivel de contaminación limitado que permite actividades en la cercanía del río, sin que eso implique un riesgo para la salud y sin que sea desagradable al olfato y a la vista, y es el que se verifica cuando la gente puede ir a la ribera a tomar mate y no se siente incómoda ni ve pasar basura flotando”. El Uso 4 no incluye la posibilidad de estar en contacto directo con el agua, por ejemplo, pero sí algunas actividades de navegación (muy restringidas).
Monitoreo, mejor infraestructura y trabajo codo a codo
Para lograr estos objetivos ACUMAR trabaja sobre tres ejes, que son el monitoreo en tiempo real de la calidad y cantidad de agua y el vertido de contaminantes -entre 2021 y 2022 planean inaugurar en Lanús el Centro Integrado de Monitoreo y Control Ambiental (CIMCA), donde convergerán las redes de sensores ubicados en toda la cuenca-, amplias mejoras en infraestructura para disminuir la contaminación de origen cloacal, que alcanza a los dos tercios del total, y la adecuación de las industrias de la zona a los estándares ambientales.
Para poder proveer soluciones transformadoras que no se limiten sólo al control y la fiscalización, surgió en 2020 la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo (RAAC), una organización abierta y multisectorial con participación de organismos nacionales, provinciales y municipales, el sistema científico y tecnológico con instituciones como el CONICET y el Instituto Nacional de Tecnología industrial (INTI), las universidades, instituciones bancarias y empresas comprometidas con el cuidado ambiental y un modelo de desarrollo sustentable y respetuoso de la vida y la salud.
Hoy la principal tarea de la RAAC es la formación de un equipo de vinculadores tecnológicos ambientales entre la Universidad Nacional del Oeste (UNO) y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB). “Fuimos seleccionando gente de los catorce municipios y de CABA, unas 35 personas provenientes de universidades, cámaras empresarias y ONGs, con capacidad de llegar a empresas desde el propio territorio -explica Alberto Briozzo, referente de la UNO en esta Red, máster en administración y ex diputado nacional-. Armamos un aula virtual que funcionó desde septiembre pasado con cinco módulos relacionados entre otras cuestiones con la administración de las empresas, con la problemática ambiental y con las directivas de ACUMAR. Ellos son los encargados de visitar a las empresas para conocer sus problemáticas y ayudarlos en el proceso de adecuación ambiental, haciéndoles saber, por ejemplo, los planes de créditos y subsidios que existen para este fin a nivel nacional, provincial y de las Ciudad”.
Un modo de vinculación nuevo y diferente
ACUMAR oficializó la actividad de la RAAC en febrero pasado y el equipo de vinculadores tecnológicos entró en actividad. El primer grupo de empresas visitadas -es el de las que han sido señaladas como contaminantes y que no han presentado aún su plan de adecuación-, contó Briozzo. Los vinculadores ya habían tenido contacto previo con algunas de estas empresas, mayormente a través de asociaciones del sector comprometidas con la formación de la Red, como ADIMRA, APYME, Asociación Pymes Sur y demás cámaras empresariales nacionales y locales.
La actividad de la RAAC es paralela a la tarea de fiscalizar -y eventualmente sancionar-, que ACUMAR realiza como autoridad de control y administración. Eso establecía una relación muy distinta con los agentes territoriales, cuyo único contacto con el organismo era a través de los inspectores (quienes siguen ejerciendo esas funciones independientemente del trabajo de la RAAC) y de comunicaciones de carácter formal. De Alto, de cuya área dependen también esas funciones de control a las industrias, explica que por eso “era necesario crear además una red de vasos comunicantes que pudiera establecer un contacto más amigable que el que establecemos nosotros, que somos la autoridad”. Ese contacto “más amigable” implicó una apertura hacia otras organizaciones de la sociedad civil, lo que dio nacimiento a la RAAC, y es clave para que las empresas acepten ser visitadas y elaboren su propio programa de adecuación.
¿Cuáles son las principales dificultades de las empresas para ser ambientalmente sustentables? De lo que se trata, básicamente, es de incorporar las tecnologías “duras” (dispositivos, sistemas y maquinarias) y “blandas” (nuevas modalidades de gestión y normativas de estandarización de procesos) para el tratamiento y mejor manejo de los materiales con los que trabajan y, en especial, los residuos contaminantes que pueden afectar al ambiente y a la salud humana dentro y fuera de los límites físicos de la empresa.
Eso requiere inversión y cambios. Briozzo va al centro de la cuestión: “Una empresa que tiene un problema ambiental por lo general tiene otros problemas de base, donde el aspecto ambiental es sólo una parte. Una empresa que quiere expandirse y exportar, por ejemplo, tiene que tener necesariamente resuelta su adecuación ambiental”. Las soluciones, por lo tanto, tienen que ser integrales y específicas. Por eso, el primer paso del vinculador será efectuar un diagnóstico del problema y de las necesidades, para ofrecerle luego una vía de ayuda, haciéndole conocer que existen subsidios y líneas de crédito especialmente creados para estos fines.
En abril pasado, por ejemplo, se habilitaron además los aportes no reembolsables del Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC) del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que otorgan hasta un millón y medio de pesos ($1.500.000) a PYMEs que decidan implementar prácticas sustentables, digitalizar y automatizar procesos, incorporar diseño e innovación en su producción, optimizar y certificar la calidad de sus procesos productivos.
Un cambio en la cultura de empresa
Más allá de que hoy la imagen de una empresa contaminante genera de por sí rechazo social, hay culturas empresariales muy diferentes en torno del tema. “Hay empresas a las que no tener determinadas certificaciones directamente las hace estar fuera del mercado, no pueden operar -agrega el ex diputado nacional-. Después existen, por supuesto, actividades que nacieron contaminantes, y en algunos casos la propia estructura y la rentabilidad están basadas en no cumplir ningún parámetro ambiental. Pero son una minoría. En la mayoría de los casos, las contaminantes son empresas que saben de su necesidad, pero nunca se les ha exigido en forma seria la adecuación a las normativas ambientales, ni tampoco se las ayudó a buscar mecanismos”.
ACUMAR impulsa sobre todo la incorporación de programas de gestión ambiental, ajustados a normativas internacionales ISO, de los cuales se deriva casi siempre incluso una mayor rentabilidad, aunque puede llevar mucho tiempo e implicar una reestructuración muy profunda, sobre todo en empresas pequeñas que no han tomado el tema en cuenta desde el inicio. “Por eso necesitan asistencia y apoyo, y esto es algo que nosotros como autoridad no podemos desconocer, ni podemos desentendernos y aplicar una política meramente punitiva, porque sabemos que la riqueza y la productividad territorial depende de estos establecimientos”, destacó por su parte De Alto.
Por fuera de las multas o sanciones, la actual política de acercamiento territorial busca conocer las dificultades que las empresas han tenido para adecuarse a las normas ambientales. Es un proceso de construcción de confianza mutua donde los vinculadores se encuentran con compañías que cuentan con personal capaz de elaborar un plan de adecuación, pero la mayoría no, y entonces el vinculador los asesorará en la búsqueda de asistencia técnica profesional para incorporar a la empresa.
Hacia un mejor uso y manejo de la cuenca
En su primera etapa de trabajo la RAAC proyecta visitar entre 150 y 300 empresas con el objetivo de lograr que presenten sus planes de adecuación, y de que un 30% de ellas lo lleve a cabo en este período.
De Alto cuenta que ACUMAR -organismo que dirige Martín Sabbatella- ha modificado su estructura interna para responder mejor a esta nueva modalidad de trabajo: “Se mejoraron el staff de analistas y los procesos, y por otro lado nos enfocamos en ver quiénes son los grandes aportantes [de residuos], porque no sólo queremos evaluar nuestra tarea por la cantidad de empresas que se adecúan, sino sobre todo por la reducción en la cantidad de vertidos”. Se trata, en otras palabras, de priorizar a los mayores contaminantes para lograr mejores resultados a nivel ambiental, ya que según datos del organismo, el 95% de los vertidos contaminantes de origen industrial en la cuenca se concentra en un grupo de unas 80 empresas.
La RAAC, sin embargo, es sólo una herramienta más para la tarea -mucho más amplia y compleja- de lograr el “Uso 4” propuesto como objetivo para toda la cuenca hídrica Matanza Riachuelo.
Un instrumento clave es la red de sensores de monitoreo distribuidos en toda la cuenca, que pronto le permitirán al CIMCA ubicado en Lanús el control en tiempo real de caudales de agua subterránea, ríos y arroyos, volúmenes de lluvias, viento, calidad del aire y vertidos industriales. El montaje de esta red de control ambiental es financiado con ayuda del Banco Mundial, y será un salto cualitativo porque permitirá contar en todo momento con información fehaciente, objetiva y actualizada allí donde la única fuente de información era hasta hace poco la labor de los inspectores y los datos que las propias empresas daban.
A esto se suman algunas acciones inminentes concretas y muy relevantes para reducir la incidencia de los mayores aportes de contaminación industrial. Una es la radicación de la mayoría de las curtiembres de la zona -más de 40- en el Parque Industrial Curtidor que se inaugurará entre marzo y abril de 2023 en Lanús, un predio que contará con una planta de tratamiento de efluentes industriales. De esta manera el Riachuelo dejará de recibir residuos de esta industria, con olores muy desagradables y un contenido muy tóxico de metales pesados.
Otro gran contaminante de la cuenca del Riachuelo -a través del entubado arroyo Cildáñez- es el Mercado de Liniers, centro de la industria frigorífica. Este mismo año se proyecta mudar el Mercado de Liniers a un parque agroganadero e industrial que se está construyendo en Cañuelas, con todos los estándares de cuidado ambiental y tratamiento de residuos.
Mejorar la calidad de vida en el territorio
También con ayuda del Banco Mundial se está construyendo el Sistema Aliviador de la Margen Izquierda del Riachuelo, una inmensa obra cloacal de la empresa AySA que intercepta los tres anillos de la red cloacal de CABA. Esta obra concentrará la recepción de desechos a partir de la zona de Puente de la Noria y los llevará hacia Dock Sud, donde pasarán por una planta de tratamiento y serán llevados por un ducto a 18 kilómetros de distancia en el Río de la Plata.
“Los residuos cloacales constituyen más de dos tercios de la contaminación del Riachuelo, y esta obra aliviará drásticamente ese problema”, aseguró De Alto, y añadió que con AySA se proyecta que la cobertura de la red cloacal y de agua potable en la cuenca alcance el 95%: “Hoy es apenas del 50, falta mucho; y en las zonas donde el tendido no llega la gente hace cloacas y vertederos de desechos clandestinos que terminan en el río”. El logro de esta tarea impactará drásticamente en la calidad de vida y la salud de la población.
“ACUMAR ha avanzado mucho en un año, porque durante la gestión anterior la actividad fue casi exclusivamente punitiva y prácticamente no se trabajó para que las empresas realmente lograran su adecuación ambiental”, señala Briozzo, quien cree que la clave es conseguir que sobre todo las industrias que más contaminan sean las que se plieguen a los nuevos estándares. “Creo que de aquí a 2023 se va a avanzar mucho en relación con las empresas que son responsables del 90 por ciento de la contaminación industrial”, concluyó.
