La cámara de Diputados convirtió en Ley el Acuerdo Regional de Escazu que establece garantías sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia, en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
La iniciativa que se convirtió en ley fue aprobada por 240 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y bloques provinciales, mientras que hubo cuatro votos en contra y dos abstenciones que correspondieron a un macrista y la diputada de izquierda Romina del Pla.
El tratado, conocido como Acuerdo de Escazú por el distrito costarricense homónimo donde fue firmado en 2018, busca garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en materia ambiental.
Además, propone la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Si bien de los 33 países que integran la región, solo 22 firmaron este tratado aunque hasta no obtener la ratificación por parte de 11 de los estados firmantes, el Acuerdo de Escazú no entrará en plena vigencia.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdes dijo que “el presente acuerdo regional celebrado en 2018 en la ciudad de Escazú, en la República de Costa Rica, parte de la premisa de asegurar la protección del medio ambiente y los derechos humanos en un modelo de desarrollo sostenible”.
“Es un orgullo presentar el Acuerdo de Escazú. Al ratificarlo, la Argentina recoge la bandera que levantan trabajadores y trabajadoras de la tierra de todo nuestro país, en reclamo por un mayor compromiso de los Estados con un ambiente sano y un desarrollo sustentable”
La diputada de Juntos por el Cambio, Brenda Austin, señaló que este convenio viene “a defender los derechos ambientales, en particular lo que tiene que ver con el acceso a la información ambiental, a la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales”.
“Otro objetivo fundamental es luchar contra la persecución que sufren los defensores ambientales. América latina ostenta el triste récord de haber sido la región del planeta donde en 2019 se produjeron la mayor cantidad de asesinatos de líderes ambientalistas?, apuntó.
A su vez, la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño señaló que con este acuerdo “se garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, de acuerdo con las garantías del debido proceso”.
“No les damos a los defensores ambientales una ley para que puedan defender los derechos comunes. Si no les damos seguridades para que hacerlo no les implique perder sus propios bienes”, enfatizó Camaño.
El titular del bloque de la Coalición Civica, Maximiliano Ferraro, dijo que “la legislación de nuestro país cuenta con avances en estas cuestiones, como la ley de libre acceso a la información ambiental” pero señaló que este convenio “constituye una auspiciosa y poderosa herramienta para que podamos garantizar los tres pilares establecidos en Escazú”.
El diputado de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, dijo que “estamos ante un acuerdo que viene a proponer distintos mecanismos plenamente operativos, para lograr equilibrar una situación desigual”.
Agregó que “si no les damos a los defensores ambientales una ley para que puedan defender los derechos comunes. Si no les damos seguridades para que hacerlo no les implique perder sus propios bienes, si no les damos una herramienta judicial eficaz, simple y abarcativa, entonces no nos importa el tema”.
Fuente: Télam.
