El intento de flexibilización de la Ley mendocina 7722, comenzado por el ex gobernador Alfredo Cornejo, y continuado por el actual, Rodolfo Suárez, recibió la respuesta del Instituto de Nivología y Glaciología (IANIGLA), perteneciente al Centro Científico y Tecnologico de Mendoza.
El Instituto alertó por las graves consecuencias ambientales y geológicas que acarrearía la avanzada del oficialismo en su intento de reforma de la norma que prohibe el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería provincial.
Así, tras las movilizaciones en el centro de la ciudad por parte de organizaciones sociales y ambientales, los científicos y científicas salieron a pronunciarse y describieron como “crítica” la situación hídrica en Mendoza y los riesgos que la minería implicaría.
Los ejes del comunicado se dirigieron al manejo político de su tratamiento, al cambio climático y a las alternativas sostenibles.
Por eso desde el IANIGLA propusieron repensar el futuro desarrollo socioeconómico, el uso del agua y la conservación de los ambientes naturales de Mendoza.
Así los investigadores e investigadoras dieron cuenta de los riesgos que implica flexibilizar la Ley 7722 y cuestionaron el “apuro” del Gobierno provincial para sancionar “una reforma que aún carece de un debate serio, profundo y de aportes de diferentes sectores sociales”, señalaron.
El Comunicado del IANIGLA
“Frente a la coyuntura actual que representa el proyecto de modificación de la Ley 7722 en la provincia de Mendoza, los integrantes del sistema científico queremos compartir públicamente nuestra visión sobre las posibilidades de desarrollo provincial de mediano y largo plazo con el fin de contribuir a la adopción de políticas públicas que aseguren el futuro de los mendocinos y de su territorio”, comienza el comunicado del IANIGLA.
Los investigadores e investigadoras del Instituto enmarcaron el comunicado en que “no estamos aislados del mundo, por lo que es fundamental pensar en forma global para actuar localmente. Las actividades humanas se han convertido en la causa principal de los cambios ambientales a escala planetaria”.
Por eso, señalaron que “el escenario de cambios globales con fuertes repercusiones locales nos llama a considerar con enorme prudencia las decisiones políticas que forjarán el futuro de nuestra gente y nuestro territorio”.
“La minería es solo una de las actividades posibles en nuestra provincia, para la cual es necesario consensuar qué tipo e intensidad de minería estamos dispuestos a aceptar los mendocinos. ¿Cuáles son los mecanismos para decidir, específicamente, dónde y cómo se podrán instalar proyectos mineros, cómo se efectuará el control de esta actividad y el seguimiento de los planes de cierre y de los posibles impactos ambientales?”, consideraron.
Los científicos señalaron que “un elemento central a considerar, sobre todo en la parte alta de nuestras cuencas hídricas, son los riesgos potenciales de las actividades que se propone autorizar. ¿Es necesario autorizar actividades extractivas de alto riesgo e impacto ambiental en ambientes donde se genera el agua que consumimos los mendocinos? El actual proyecto de modificación de la Ley 7722 no responde claramente a estos interrogantes centrales”.
“Por otro lado, la actual Ley 7722 genera un marco precautorio que brinda tranquilidad social mientras se discute profundamente nuestra estrategia de desarrollo. En la Cordillera, donde se acumulan y generan los recursos hídricos de los que dependen todos los habitantes de la provincia, sería imprescindible prevenir el deterioro ambiental, así como el riesgo potencial de contaminación con sustancias tóxicas”, señaló el Instituto de CONICET.
En este sentido, apuntaron que “la modificación de cualquier ley que tienda a la preservación ambiental deben nacer del debate y consenso público y de la valoración integral de todas las posibilidades que nos brinda este generoso territorio”.
Es que según estudios científicos del propio Ianigla-Conicet los glaciares provinciales han perdido, en promedio, más de 8 metros de espesor de hielo (es decir, casi la altura de un edificio de tres pisos) durante el período 2009-2017, impactando seriamente las reservas hídricas estratégicas de la cordillera.
“Basta leer las noticias recientes en los diarios locales para evidenciar el impacto de la sequía en nuestro territorio. El Instituto se refirió al espejo de agua del Embalse Potrerillos que atraviesa su momento más crítico desde que comenzó a operar hace casi dos décadas. “Entre el nivel del agua y el límite de cota máximo, cabe un edificio de cinco pisos?, señala el IANIGLA.
Otro dato es que, según el Departamento General de Irrigación de Mendoza, para la temporada 2019-2020 se espera 11 % menos agua que en la temporada anterior, cuando ya los caudales eran muy inferiores al promedio histórico. Es evidente que el agua, motor de la economía en los oasis de la provincia y ligada históricamente a nuestra cultura, está siendo seriamente afectada por los cambios ambientales del planeta.
“Por ello, no acordamos en que nuestro futuro deba estar ligado a una o pocas actividades productivas en la región. Tenemos el compromiso de generar y ofrecer diversas ofertas productivas para el crecimiento provincial”, subrayó el Instituto.
“El cuidado del agua en las tierras secas mendocinas debe ser nuestra principal preocupación y mayor responsabilidad. En Mendoza, el agua no sobra; por el contrario, es y será escasa. El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, que debemos garantizar para todos los mendocinos. La planificación de futuras actividades que involucren el uso de este recurso vital y escaso debe considerar cómo se compensará la falta de agua a aquellos que quedarán privados o recibirán una cuota mínima de esta”, apuntaron.
Además, señalalon que “los recursos humanos altamente capacitados formados en nuestras universidades están listos para implementar un crecimiento fuertemente ligado a nuestra geografía: la tierra del buen sol. El aprovechamiento de la energía solar y eólica es una deuda pendiente”.
“Frente a este panorama diverso de posibilidades, ¿por qué cerrarnos en una propuesta de crecimiento que hoy genera enfrentamientos en la sociedad mendocina?”, se interrogaron los científicos.
“Consideramos indispensable tener un debate profundo de la estrategia de desarrollo que queremos para nuestra provincia, incluyendo las distintas actividades que estamos en condiciones de llevar adelante. En este contexto, ¿por qué intentar un cambio acelerado de la Ley 7722, cuando todo cambio socioeconómico regional tiene que nacer del amplio debate público en torno a su conveniencia?”, concluyeron las autoridades del IANIGLA.
