La investigación judicial por las 90 muertes vinculadas al fentanilo contaminado sumó un nuevo capítulo. La fiscal federal María Laura Roteta rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa del empresario Ariel García Furfaro, principal acusado en la causa, y solicitó que continúe la instrucción del expediente.
En un dictamen de 43 páginas, la titular de la Unidad Fiscal de La Plata cuestionó los argumentos utilizados para intentar invalidar los análisis de laboratorio que permitieron identificar las bacterias presentes en las ampollas del medicamento.
La fiscal calificó de “especulativa” la estrategia procesal de la defensa y sostuvo que no existen fundamentos suficientes para anular los estudios técnicos incorporados a la investigación.
El expediente está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak y cuenta con 15 personas procesadas. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata todavía debe resolver los recursos presentados contra los primeros procesamientos, una instancia necesaria para que la causa pueda avanzar hacia el juicio oral.
La defensa intentó anular los análisis del fentanilo contaminado
El abogado Gastón Marano, defensor de García Furfaro, había solicitado declarar nulos los ensayos de esterilidad realizados sobre ampollas de fentanilo HLB correspondientes a los lotes 31.201, 31.202, 31.244 y 31.245.
Los estudios fueron efectuados por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el laboratorio Gobbi Novag S.A.
Esos análisis constituyen parte de las pruebas utilizadas para establecer la vinculación entre las bacterias detectadas en el medicamento y las encontradas en pacientes afectados por el brote.
La defensa sostuvo que los ensayos debieron realizarse bajo las reglas de una pericia judicial, con notificación previa a las partes y posibilidad de intervención de peritos propios.
Según ese planteo, la falta de participación de los representantes de los imputados afectó las garantías procesales y justificaba invalidar los resultados.
Los abogados de otros acusados adhirieron al pedido. Como alternativa, solicitaron que se repitieran los estudios con intervención de especialistas designados por las defensas.
La fiscal cuestionó el momento elegido para pedir la nulidad
Uno de los argumentos centrales del dictamen de Roteta estuvo relacionado con la fecha en la que se presentó el planteo.
La solicitud fue formalizada el 13 de septiembre de 2026, el mismo mes en que venció el lote 31.202, identificado como uno de los principales involucrados en el brote.
Para la fiscal, esa circunstancia resulta relevante porque el vencimiento del producto dificulta la posibilidad de repetir los análisis de esterilidad sobre las mismas muestras.
Roteta consideró que el pedido fue presentado cuando habían transcurrido casi dos años desde los estudios originales.
En su dictamen sostuvo que esa oportunidad procesal “pone de manifiesto el carácter especulativo de la estrategia procesal desplegada”.
La funcionaria también señaló que García Furfaro permanece bajo prisión preventiva desde agosto de 2025 y que su defensa había tenido acceso a las actuaciones técnicas durante la investigación.
Por qué la Fiscalía considera válidos los estudios
La defensa argumentó que los análisis debían cumplir las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación aplicables a las pericias judiciales. Roteta rechazó esa interpretación.
Explicó que los estudios de esterilidad no fueron ordenados originalmente por el juzgado, sino que se realizaron como parte de las tareas de fiscalización y control sanitario de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del INAME.
Por ese motivo, sostuvo que no correspondía aplicarles los requisitos procesales previstos para las pericias dispuestas dentro de una investigación penal.
La fiscal también rechazó los cuestionamientos relacionados con la imparcialidad de los organismos y laboratorios que intervinieron en los estudios.
La defensa había señalado que Gobbi Novag era un competidor comercial de los laboratorios investigados y había planteado objeciones sobre la intervención del INAME.
Roteta consideró que esas afirmaciones no resultaban suficientes para invalidar las pruebas.
Además, destacó que los resultados fueron respaldados por estudios independientes, entre ellos la secuenciación genética realizada por el Instituto Malbrán.
Los mensajes internos que comprometen a los laboratorios investigados
El dictamen también recuperó conversaciones de WhatsApp entre trabajadores de los laboratorios investigados que forman parte de las pruebas incorporadas al expediente.
Uno de los mensajes, fechado el 6 de mayo de 2025, advertía sobre resultados desfavorables en los controles del fentanilo.
“El fentanilo dio mal, hay que repetirlo mañana”, indicaba una comunicación atribuida a una supervisora del área de microbiología.
Otro intercambio, del 7 de mayo, señalaba que las pruebas habían arrojado resultados positivos en medios de cultivo y que esos resultados se habían repetido.
En una conversación del 28 de mayo, una trabajadora consultó si finalmente se había confirmado un resultado positivo. La respuesta indicó que el material había sido analizado cuatro veces y que los controles anteriores habían dado resultados desfavorables.
Para la Fiscalía, esos mensajes constituyen elementos relevantes porque muestran que dentro del propio laboratorio se habían realizado controles sobre el medicamento y se habían detectado problemas de esterilidad.
Roteta también vinculó esas conversaciones con una inspección del INAME realizada el 12 de mayo de 2025 en Laboratorios Ramallo, durante la cual se detectó la ausencia de dos ampollas entre las contramuestras conservadas.
La investigación vincula dos bacterias con las muertes
Los estudios incorporados al expediente identificaron la presencia de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica en muestras del fentanilo producido por Laboratorios Ramallo y comercializado por HLB Pharma.
Según la Fiscalía, los resultados obtenidos por distintos laboratorios permitieron establecer una vinculación genética entre los microorganismos encontrados en el medicamento y los detectados en pacientes de establecimientos sanitarios que habían utilizado el lote investigado.
Entre los organismos que participaron en los análisis se encuentran el Hospital Italiano de La Plata, el INAME, el Instituto Malbrán y la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
La defensa también cuestionó la cadena de custodia de las ampollas y señaló presuntas irregularidades en los procedimientos técnicos.
Roteta respondió que existen 14 actas elaboradas por funcionarios del INAME que documentan distintas etapas del procedimiento, con identificación de fechas, lugares, participantes y registros fotográficos.
Asimismo, consideró que las objeciones técnicas presentadas no demostraban que los resultados hubieran sido alterados.
Hay 15 procesados y la Cámara todavía debe resolver las apelaciones
La causa judicial tiene 15 personas procesadas por su presunta responsabilidad en los hechos investigados.
Trece de ellas están vinculadas con la dirección y el funcionamiento de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
Las otras dos son exfuncionarias de organismos nacionales de control sanitario: Nélida Agustina Bisio, exadministradora nacional de la ANMAT, y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, exdirectora nacional del INAME.
El juez Ernesto Kreplak había dictado inicialmente procesamientos vinculados con 20 fallecimientos, pero posteriormente la investigación se amplió hasta comprender 90 muertes.
Las primeras apelaciones permanecen bajo análisis de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por Alberto Vallefín, Roberto Agustín Lemos Arias y Emilio Santiago Faggi.
Representantes de las querellas reclamaron que el tribunal resuelva esos recursos para permitir el avance del expediente hacia la siguiente etapa judicial.
La fiscal Roteta solicitó al Juzgado Federal N.º 3 de La Plata que rechace íntegramente las nulidades planteadas por las defensas y permita continuar la investigación.
La presentación constituye un dictamen fiscal y no una resolución judicial definitiva: corresponde ahora al juez Kreplak decidir sobre los pedidos de nulidad, mientras la Cámara mantiene pendiente el tratamiento de las apelaciones contra los procesamientos.
