Los abogados de Nélida Agustina Bisio, extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), solicitaron a la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata anular el procesamiento dictado por la comercialización de fentanilo contaminado. Pidieron, además, acompañarlo con el sobreseimiento o la falta de mérito de su representada y, de ser considerada penalmente responsable, que su rol se limite a no haber cumplido con los deberes de funcionario público.
Bisio pide ser sobreseída
En un escrito de 130 páginas, la defensa sostuvo que la decisión del titular del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, de incluir a Bisio entre los partícipes necesarios del delito de adulteración de sustancias medicinales agravado por la muerte de al menos 90 personas y las secuelas sufridas por otras 44, “no se ajusta a derecho”.
Los abogados Diego Álvarez Bognar y Gustavo Daguerre Báez descargan las responsabilidades entre el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) que dirigía Gabriela Mantecón Fumadó, también procesada sin prisión preventiva con un embargo por $500.000 millones, y los laboratorios HLB Pharma y Ramallo que comercializaron y elaboraron el inyectable.
“El hipotético incumplimiento de un deber funcional no se convierte, por vía de una construcción terminológica, en contribución necesaria a la adulteración de una sustancia medicinal cuyo dominio de ejecución estaba enteramente en cabeza de los responsables del laboratorio”, argumentan los letrados.
“Hemos advertido que prueba hasta entonces desconocida por esta parte acredita la inocencia de nuestra representada y desvirtúa el rol que erróneamente se le asigna en el auto de procesamiento”, indicaron los abogados sobre lo que denunciaron que fueron “registros aislados” del contenido de los dispositivos secuestrados.
Los argumentos de la defensa de Bisio
En el escrito, la defensa desarrolla nueve argumentos para sostener que Bisio no tuvo responsabilidad directa en las presuntas irregularidades detectadas por el Iname, el área encargada de supervisar a los laboratorios que operan en el país y los productos que elaboran. También rechaza que haya formado parte de un “pacto” destinado a demorar medidas contra los laboratorios involucrados o que haya desempeñado el rol que le atribuyó el magistrado al procesarla, una conclusión a la que llegó tras analizar mensajes, registros de ingresos y egresos de la cartera sanitaria nacional y las declaraciones indagatorias de las dos exfuncionarias, incorporadas a pedido del Ministerio Público Fiscal.
“Se encuentra probado –escribió el juez en esa resolución– que la jefatura de la Anmat funcionaba como polea de transmisión de las decisiones políticas en la materia que se adoptaban desde el Ministerio [de Salud], en sentido descendente, y de aporte de información para decidir políticamente, en sentido ascendente. Y se encuentra acreditado en autos no solo que el ministro Lugones tuvo conocimiento de lo que sucedía, sino que lo tuvo a partir de la intervención de Bisio“.
Los puntos en los que Álvarez Bognar y Daguerre Báez apoyan su presentación ante la Cámara Federal de Apelaciones sostienen que la extitular de la Anmat no tenía facultades para emitir advertencias por incumplimientos a los laboratorios, competencia técnica que atribuyen a Mantecón Fumadó.
