El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak consideró que, por el momento, no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal al ministro de Salud, Mario Lugones, en la causa por el fentanilo contaminado, y sostuvo que las decisiones políticas adoptadas desde la cartera sanitaria apuntaban a impedir el funcionamiento de los laboratorios investigados.
“La situación reviste cierta complejidad, pues se advierte una discrepancia entre el sentido de la decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurrió en el seno de ANMAT/INAME”, afirmó Kreplak en su resolución.
La situación de Mario Lugones
El magistrado señaló que Lugones estaba al tanto de la situación general que atravesaban los establecimientos bajo investigación, aunque diferenció ese conocimiento de las actuaciones que posteriormente se produjeron dentro de los organismos encargados del control.
“Si bien considero probado que el ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación”, sostuvo.
En ese sentido, Kreplak concluyó: “No hay elementos suficientes para sostener, al menos de momento, que esas decisiones políticas del titular de la cartera hubieran podido favorecer la ocurrencia de los hechos relevantes desde el punto de vista jurídico penal que se investigan en autos”.
La definición sobre Lugones se conoció en el marco de la investigación sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A. por las casi 100 muertes vinculadas al fentanilo contaminado.
Las titulares de la ANMAT y el INAME, más complicadas
Este martes, Kreplak procesó a la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y a la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó.
Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el magistrado consideró a ambas ex funcionarias partícipes necesarias del delito de “adulteración de sustancias medicinales”.
La resolución establece así, al menos en esta instancia de la investigación, una diferenciación entre las responsabilidades atribuidas a ex autoridades de los organismos de control y la actuación política del Ministerio de Salud encabezado por Lugones.
El punto central señalado por Kreplak es la existencia de una aparente contradicción entre la directiva que provenía del Ministerio, orientada a impedir la operación de los laboratorios, y lo que finalmente ocurrió dentro de ANMAT e INAME, cuestión que continúa bajo investigación judicial.
