El Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión del juez federal Martín Cormick, quien dispuso una multa diaria de $100.000 contra el titular de la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución judicial busca garantizar que el Poder Ejecutivo cumpla con la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de asegurar los fondos destinados a las becas estudiantiles. La sanción se fijó luego de que vencieran los plazos otorgados al Estado para acreditar el cumplimiento de la medida.
El Gobierno incumple la ley y apunta contra el juez Cormick
Tras conocerse el fallo, desde la Casa Rosada lanzaron duras críticas contra el magistrado y anticiparon que presentarán un recurso para intentar revertir tanto la multa como las decisiones judiciales relacionadas con la aplicación de la ley.
“Es un magistrado que recurrentemente ha fallado en contra del Gobierno del presidente Javier Milei y de todos los argentinos”, señalaron fuentes oficiales. Además, afirmaron que Cormick “tiene pasado y amigos en La Cámpora”, en referencia a sus antecedentes profesionales y a su desempeño en organismos públicos durante gestiones anteriores.
El juez Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, dispuso la aplicación de multas diarias luego de considerar que el Estado no había cumplido con la cautelar vigente. La sanción inicial quedó fijada en $100.000 por día y podría modificarse tanto en su monto como en los funcionarios alcanzados.
La medida
La medida respondió a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había advertido sobre la falta de cumplimiento de la resolución judicial. La cautelar había sido confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio de 2026.
En el marco de la causa, la Justicia ordenó actualizar las remuneraciones del personal universitario y recomponer los montos destinados a las becas estudiantiles. El conflicto se originó en la decisión del Gobierno de condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la disponibilidad de partidas presupuestarias específicas.
Mientras el Gobierno busca revertir las resoluciones judiciales, las instituciones universitarias insisten en la necesidad de actualizar los salarios y garantizar los recursos para el funcionamiento del sistema. La disputa continuará en los tribunales, donde deberá definirse el alcance de las obligaciones del Estado y las consecuencias de un eventual incumplimiento.
