La Justicia ordenó que el gobierno de marcha atrás con los despidos masivos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y anuló la resolución 42/26 impulsada por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y por el titular de Economía, Luis Caputo.
La medida del gobierno nacional dejaba en la calle a unos 700 trabajadores entre técnicos, especialistas, profesionales, investigadores y administrativos que pertenecen al organismo de ciencia y tecnología. Ahora, el gobierno está obligado a frenar la resolución.
La orden de la Justicia también frena el desmantelaminto del organismo científico y tecnológico que es clave para el control técnico industrial y para las mediciones industriales en base a estándares internacionales. El INTI es foco de un ajuste y un desmantelamiento deliberados desde que asumió Javier Milei, al punto que el gobierno ordenó el cierre de unos 900 servicios que brinda el organismo a muy bajo costo al sector industrial.
Un freno a la calamitosa gestión libertaria en ciencia y tecnología
Pero, desde la llegada de Milei, los laboratorios que integran el Organismo Argentino de Acreditación (una cámara empresaria que reúne a laboratorios especializados en metrología del sector privado, algunos de los cuales tienen muy buenos vínculos con Luis Caputo) vienen presionando para que el gobierno les facilite el traslado de los servicios del INTI al sector privado.
El lobby hizo efecto, puesto que desde diciembre de 2025 el gobierno nacional aceleró el desmantelamiento de los servicios del INTI a pedido de esos laboratorios y les transfirió las funciones a las empresas cercanas a Luis Caputo, entre ellas el Laboratorio Lenor.
Ahora, los laboratorios privados ya tienen en agenda cobrar al triple de su valor, los mismos servicios al sector industrial que realizaba el INTI.
Milei, obligado por la Justicia en el INTI
Claro, la resolución empujó a que unos 700 técnicos y especialistas del organismo científico quedasen a la deriva y es ahí donde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó la cautelar para frenar los despidos.
Ahora, la Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones.
“La cautelar firmada por el Juez Tezanos Pinto del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal“, celebró Rodolfo Aguiar, titular de ATE.
“Lo dijimos mil veces: NO SE PUEDE GOBERNAR AL MARGEN DE LA LEY Y CONTRA LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más. PREPÁRENSE”, apuntó en redes sociales.
