Tras la multitudinaria cuarta Marcha Federal Universitaria, la Federación de Docentes de las Universidades reiteró el reclamo al Gobierno nacional, que se resiste a aplicar la norma que busca garantiza el funcionamiento de las casas de altos estudio.
A menos de una semana de la multitudinaria Marcha Federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) volvió a exigir que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario sancionada e insistida con mayoría especial de dos tercios por el Congreso en octubre pasado tras el veto presidencial.
“Esta es la realidad en la Universidad Pública: la inflación acumulada llegó al 303,5 por ciento desde diciembre de 2023 y los salarios docentes universitarios aumentaron apenas 165,4 por ciento. La diferencia es brutal: -138,1 puntos frente a los precios“, apuntó FEDUN en reclamo para que la administración libertaria se atenga a los fallos judiciales que le ordenan aplicar la norma que garantiza el funcionamiento de las casas de altos estudios.
El pueblo se expresó en las calles
“El pueblo ya se expresó en la calle. ¡Cumplan la Ley de Financiamiento Universitario!“, demanda la Federación de Docentes de las Universidades que participó activamente de la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada el martes de la semana pasada.
Además, marcaron que, como la inflación acumulada llegó al 12,3 por ciento, los docentes universitarios ya perdieron 3,6 puntos porcentuales frente a los precios en los primeros cuatro meses de 2026. Sin embargo, la administración libertaria sigue con la política de motosierra en educación. “Con este nuevo retroceso, acumulamos 18 meses consecutivos de pérdida salarial”, resumieron.
“La universidad pública no es solo de quienes la habitamos todos los días: es del conjunto del pueblo argentino. Por eso, desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) expresamos nuestra solidaridad con todos los sectores afectados por las políticas del Gobierno nacional: trabajadores y trabajadoras que ven deteriorarse sus salarios, quienes están perdiendo derechos, quienes perdieron su empleo, jubilados y jubiladas que reclaman frente al ajuste y la represión, personas con discapacidad afectadas por el incumplimiento de sus derechos, trabajadores y trabajadoras de la salud, de la ciencia, de la cultura y todos aquellos que sufren las consecuencias de este modelo de ajuste“, señalaron.
