El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) desde 1957 certifica la calidad de productos que van desde alimentos y juguetes hasta equipamiento médico crítico, pero hoy enfrenta un proceso de desmantelamiento de parte del gobierno de Javier Milei que busca transferirle los servicios del organismo científico a sus empresarios cercanos.
La resolución 42/2026 firmada por Federico Sturzenegger busca, según el texto oficial, “optimizar recursos públicos, evitar distorsiones en el mercado y concentrar capacidades en áreas estratégicas“. Pero detrás de esa retórica, hay una transferencia masiva de funciones del Estado hacia el sector privado, y en específico al Organismo Argentino de Certificación (OAC), la cámara de empresarios cercanos a Luis Caputo que viene reclamando que el INTI deje de brindar esos servicios para hacerse con el negocio.
La historia tiene un antecedente clave. En 2025, el decreto 462 intentó convertir al INTI en una simple oficina dentro de la Secretaría de Industria y Comercio. Tras una batalla legislativa con movilizaciones y asambleas, el 21 de agosto de 2025 el Senado votó la derogación definitiva del decreto con apoyo de casi todo el arco político, excepto La Libertad Avanza y el PRO.
Qué hace el INTI y por qué su desaparición es grave
El INTI cumple un rol de fomento a la industria nacional, especialmente a las PyMES. Su función principal: desarrollo científico, tecnológico e industrial con perspectiva social, no como unidad de negocio.
Durante el gobierno libertario, las tareas disminuyeron drásticamente. El ambiente cambió. El INTI se militarizó: gendarmes patrullan las calles del enorme predio, camionetas apostadas en la puerta.
Los campos magnéticos que nos rodean pueden afectar las memorias que registran operaciones comerciales. Incluso pueden borrarse. La medición de los surtidores se eliminó, por lo tanto dejó de haber un organismo imparcial que garantice la fiabilidad de los números. Si lo hace Lenor, además, el costo operativo es mucho mayor por cada surtidor.
Una situación similar ocurre con la certificación del medidor de electricidad que marca el consumo en los hogares. Sin el INTI, no hay quien verifique que esos números sean correctos.
Intimidaciones en el INTI
Miembros del organismo vivieron en los últimos meses la intimidación de autoridades. Los filmaban y les exigían entregar por escrito el “know-how” y la experiencia de años, con el objetivo de transferirlo a laboratorios privados.
“En muchos casos se negaron. Pero ahora está ocurriendo otra cosa“, cuenta Escobar. Los laboratorios privados llaman a profesionales del INTI para que hagan los ensayos por izquierda, facturando de manera independiente.
“Claramente ellos no tienen la capacidad. Nos pone en una situación muy complicada porque firmamos un contrato de confidencialidad. No podemos hacer ensayos para una empresa o laboratorio privado. Eso nos expone a un sumario administrativo y que nos echen sin indemnización”, explica.
Equipos médicos sin control: el riesgo invisible
El INTI cuenta con una cámara semianecoica que controla la radiación electromagnética. Mide la compatibilidad electromagnética de celulares para que no interfieran con otros equipos como computadoras o televisores smart, según indicó EconomiaSustentable.com.
Más crítico aún: verifica que no interfieran con equipos médicos para electroencefalogramas, electrocardiogramas, tomógrafos computados o resonadores magnéticos. Incluso con holters o marcapasos, básicos para problemas cardiológicos.
Sin ese control, un celular cerca de un paciente con marcapasos podría generar interferencias peligrosas.
Mil cuatrocientos despidos en camino
La delegada Giselle Santana, del departamento de Calidad en las Mediciones, declaró a la prensa que las estimaciones hablan de 1.400 personas despedidas en todo el país.
De los 3.000 empleados originales, con sueldos congelados, cerca de 600 ya fueron despedidos o aceptaron el retiro voluntario.
La conducción libertaria del INTI, con el presidente Miguel Ángel Romero a la cabeza, no está de acuerdo con firmar los despidos. Una tensión interna que agrega confusión al proceso.
Qué dicen los empresarios sobre el desmantelamiento
El empresario Leo Bilanski, ex presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, afirma que el INTI ofrece servicios tecnológicos a un conglomerado importante de empresas que no pueden afrontar análisis técnicos en laboratorios privados o en el extranjero.
Esos laboratorios certificados por normas aceptadas por la legislación vigente en Argentina tienen un costo inaccesible para las PyMES. Por lo tanto, la desactivación de estos servicios significa la privatización de las normas en Argentina.
“Son organismos privados los que van a determinar si un producto cumple determinada característica“, explica Bilanski.
Además, considera que la excusa de la burocracia institucional es usada por Sturzenegger para dislocar los sistemas de conocimiento, innovación, tecnología y desarrollo. El objetivo: que no haya en Argentina la capacidad a futuro de pensar cuáles son los ejes estratégicos de la industria y llevarlos a cabo.
Bilanski denuncia que este avance no hubiera sido posible sin el apoyo de la Unión Industrial Argentina (UIA). “Fue ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) quien activó el plan de reconversión del INTI. Eso fue la génesis para el avance concreto de hoy de Sturzenegger”, dice.
PyMES cerradas, servicios sin demanda
La falta de demanda de servicios del INTI va en concordancia con el cierre de alrededor de 25.000 PyMES. Sin industria, no hay quien necesite certificaciones.
Los productos nacionales que no encuentren laboratorios de análisis, o no puedan pagar sus costos, se verán imposibilitados de comercializar el producto. O lo harán sin ningún tipo de control, como hacen ahora los importados.
Mientras tanto, empresas y asociaciones de consumidores estarían en condiciones de presentar cautelares. Tanto para resguardar los ensayos que garanticen que se puedan comercializar sus productos, como para proteger la salud de usuarios y consumidores, concluye Escobar.
