Si Milei quiere mantener la meta de superávit fiscal, deberá buscar de dónde sacar los recursos que cubran la pérdida de recaudación que representó la quita de derechos de exportación al Agro. Una vez más, los más débiles son los apuntados.
El Gobierno se había comprometido a alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI en 2025, 0,2 puntos menos que el resultado logrado en 2024. Sin embargo, el negocio de retenciones cero que el Gobierno le regaló a los grandes agroexportadores exige cubrir el costo de recaudación perdida a causa de la medida. Hasta fin de año, el Gobierno deberá acumular un ajuste en el gasto discrecional que puede generar aún más recortes en salarios públicos, transferencias a universidades, provincias y recortes en subsidios energéticos y de transporte.
La moderación en la meta superavitaria -aunque mayor al 1,3% exigido inicialmente por el FMI- habilitaba en 2025 un recorte de ingresos y/o la suba de gastos respecto a 2024. En los primeros ocho meses del año, el Gobierno consiguió un superávit primario del 1,3% del PBI, con ingresos cayendo al 1,3% anual real y gastos subiendo al 1,1%.
Según las estimaciones de la consultora LCG, el beneficio de retenciones al 0% para liquidaciones del agro por U$S 7.000 millones tendrá un costo fiscal de U$S 1.400 millones, aproximadamente 0,25% del PBI. Sin nuevos ingresos que lo compensen, implicará un ajuste equivalente del gasto en los últimos cuatro meses del año. Dado que prácticamente la mitad del gasto primario cuenta con ajuste automático, la cobertura recaerá sobre la porción “discrecional”.
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Así, sostener el compromiso de 1,6% del PBI implicará asumir una caída del 5% anual real en esta porción del gasto en los meses que quedan del año, cuando el profundo ajuste que vino registrando entre enero y agosto (-11% anual real) permitía considerar un aumento agregado del 3% anual antes de la baja de retenciones.
En total, en todo 2025 el gasto discrecional deberá acumular un ajuste equivalente a 0,65 puntos del PBI (0,28 puntos ya ocurrieron), pasando de 7,6% en 2024 a 6,9% del PBI este año (y desde 11,6% del PBI en 2023).
Cómo impacta en los salarios, universidades, transporte y energía
En términos muy agregados, los gastos operativos, que incluyen salarios y otros gastos de funcionamiento, representaron poco más del 40% del gasto discrecional en los primeros ocho meses del año; el gasto social, excluyendo jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y pensiones no contributivas, un cuarto; subsidios a la energía y transporte 14%; transferencias a universidades 7%, y obra pública y giros a provincias apenas 5% cada uno.
El ajuste que vendrá sobre el gasto discrecional se suma al registrado en los primeros meses del año (-11% anual real; -0,28 puntos del PBI). Hasta el momento, este ajuste se concentró en subsidios, contracara de la suba de tarifas, con una baja del 44% anual real. El gasto social y salarios reflejaron recortes del 7% y 6% anual real, respectivamente, y la obra pública siguió desplomándose a una tasa del 17% anual. Distintamente, subieron el gasto en consumo (+25% anual real), los giros a provincias (68% anual real) y a universidades (+4% anual real), estos dos últimos desde niveles muy bajos.
“Por lo pronto, sabemos que no alcanzará con poner en 0 el presupuesto de obra pública para los últimos tres meses del año, además de ser una medida contraproducente, como mencionamos abajo. Lo mismo aplica para el gasto en universidades o transferencias a provincias”, aclaró el documento. Por esa razón, el informe remarcó que las partidas candidatas a recibir el ajuste adicional” podrían llegar a ser tarifas (que podrían sólo tocarse en los dos meses post elecciones) y salarios”.
Medida descoordinada
En el mismo momento en que distintos funcionarios de Estados Unidos le exigieron al gobierno argentino realizar esfuerzos para una mejor articulación política para encarar los dos años siguientes de mandato con niveles de “gobernabilidad” más elevados, Milei implementó una medida descoordinada que requerirá ajustes adicionales en otros frentes. Esos recortes adicionales no tienen por qué pasar por el Congreso en algunos casos, pero sin dudas podrían generar nuevos resquemores en la oposición “dialoguista” por la afección en gastos sensibles.
“El elevado costo fiscal en un presupuesto ajustado se utilizó únicamente a fines de un adelantamiento de la entrada de los dólares de la cosecha que de todos modos iban a ingresar en las próximas semanas o meses, y los posibles beneficios inmediatos de la paz cambiaria podrían evaporarse esta semana con el fin de esa liquidación apresurada“, evaluó LCG.
Además, agregó que cuando los exportadores “tengan que comprar los productos ya declarados, es muy posible que los productores dolaricen las ventas, licuando los efectos netos de la entrada de dólares“. Por último, recalcó que “da toda la sensación de ser una política poco meditada que generará más costos que beneficios”.
