A un día de conocerse la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) rechazó por amplia mayoría el tratamiento de un proyecto que buscaba repudiar el fallo de los jueces de la Corte Suprema que dejó firme la condena por corrupción a la dirigente peronista a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El texto demostraba su apoyo a la exfuncionaria, criticaba el desempeño de los magistrados y expresaba una “profunda preocupación” por el “deterioro institucional que implica la utilización del Poder Judicial”. Además, calificaba al juicio como un proceso “irregular, sin pruebas concluyentes, y atravesado por injerencias políticas, mediáticas y económicas”.
El proyecto fue presentado por minorías estudiantiles del claustro académico, quienes actualmente lideran la toma de la facultad de Ciencias Sociales, así como del predio de Ciudad Universitaria, en donde funcionan dos facultades y la sede principal del Ciclo Básico Común (CBC).
La presentación contó con el aval de los decanos de las facultades de Sociales, Ana Arias, y de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti. A la votación positiva se sumó Guillermo Durán, decano de Ciencias Exactas. Los otros tres votos positivos corresponden a las minorías de profesores, graduados y estudiantes. De las 22 personas restantes en el consejo, 20 votaron en contra y hubo solo dos abstenciones.
Quiénes integran el Consejo Superior de la UBA
El Consejo está conformado por los 13 decanos y representantes de los claustros, lo que incluye: cinco profesores, cinco graduados de la institución, cinco estudiantes y personal no docente, que tiene voz pero no voto.
El documento oficial, al que tuvo acceso este medio, detalla cómo se inició la causa contra la expresidenta y remarca que el proceso “estuvo marcado por gravísimas irregularidades que lo deslegitiman desde su origen“. ”Entre ellas, la integración del tribunal con jueces que no solo tienen probados lazos con el macrismo, sino que incluso participaron en reuniones en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos mientras tramitaban causas sensibles contra exfuncionarios del gobierno anterior. Tal es el caso de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña”, acusa.
Y añade: “No se ha presentado una sola prueba que demuestre que el Poder Ejecutivo Nacional haya impartido órdenes para favorecer a un empresario en particular. Las auditorías y peritajes concluyeron de forma categórica: no hubo sobreprecios, las obras que se pagaron se ejecutaron, las que no se realizaron no fueron abonadas, y se cumplieron los controles administrativos exigidos por ley”.
En tanto, las partes que dieron un voto negativo no explicaron el motivo. “Posicionarse tiene una importancia especial por una persecución que no solo tiene que ver con Cristina, sino con una persecución que viene sufriendo la propia universidad, la salud publica, la educación y los jubilados”, remarcó Manetti y, para cerrar, apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei: “Esto viene con un deterioro institucional en relación a las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno”.
