El 23 de diciembre se subastó el edificio donde, al menos hasta ese día, funcionaban oficinas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y trabajaban 150 personas. La venta, habilitada por el Decreto 950/2024 publicado en el Boletín Oficial el 25 de octubre, fue por US$ 18,5 millones, y superó ampliamente el precio establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que había valorado el inmueble en US$ 5,7 millones. El precio de mercado, sin embargo, se acercaría más al número por el cual se remató.
El edificio, de 3.143,53 m2 cubiertos, está ubicado en la zona de Palermo, donde el valor por metro cuadrado promedio, según Informe Inmobiliario, es de US$ 3.333. Tomando este monto como referencia, el costo de la propiedad rondaría los US$ 10.477.385, el doble de lo que se tasó originalmente, y un 46% más que los US$ 6.378.968 que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) estableció como precio base para la subasta.
El decreto que habilita su venta también pone en proceso de “enajenación” más de 300 inmuebles: algunos incorporados en esta última resolución, otros que datan de decretos de los años 2016 a 2019.
Es precisamente sobre este período que un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció irregularidades en la venta de algunos inmuebles del Estado, entre ellas subastas muy por debajo de los valores de referencia.
Al respecto señalan que “se verificó que, en algunos casos analizados, la AABE utilizó como regla general dos tercios del precio del mercado y, en otros, aplicó un ajuste producto de un análisis comercial, sin adjuntar documentación ni debida justificación que fundamenten la decisión de apartarse de la valuación establecida por el Tribunal de Tasaciones de la Nación”.
Vaciamiento del INTA
Por el caso particular del inmueble propiedad del INTA, ubicado en avenida Cerviño 3101, la Mesa Agroalimentaria Argentina se presentó ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para denunciar la intervención y el vaciamiento del instituto. Respecto a la venta de este edificio, señala un comunicado de esta mesa, la fiscalía a cargo de Sergio Rodríguez dictaminó, entre otras cosas, que “la desafectación del inmueble fue iniciada por un organismo incompetente; no se cuenta con informes que den sustento a las tantas veces repetida innecesidad del inmueble”.
Desde la mesa plantearon que el documento de la PIA manifiesta que “el pliego de condiciones particulares para participar de la subasta incluye un cargo de construcción que luce irrazonable en relación con el objeto buscado de simplemente reducir costos (la obligación de construir un edificio torre en el citado predio)”, lo que “constituye una fuerte restricción a la competencia” y “atenta contra los principios que deben regir en todas las contrataciones públicas, dando indicios de discrecionalidad y corrupción bajo la forma de ‘subasta direccionada’”.
Por otro lado, el comunicado afirma también que esa fiscalía consideró “llamativa” la premura en subastar esa propiedad. Dos días antes de la subasta, la Procuración explicitó que “el trámite del procedimiento podría estar afectado por vicios de imposible subsanación ulterior, propiciando un escenario fértil para posibles hechos de corrupción administrativa con relevancia jurídico-penal y/o patrimonial”.
