El gobierno nacional finalmente cedería a la presión de los laboratorios locales que integran la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), y quitaría el capítulo de Laboratorios de la Ley de Patentes que se votará en el Congreso en los próximos días.
Las empresas farmacéuticas argentinas, principales aportantes de la campaña que le dio la presidencia a Javier Milei, y que hoy aparecen en la mira de la Justicia por la corrupción libertaria en la causa ANDIS, venían reclamando que se diera de baja ese capítulo que las obligaba a reconocer las patentes por invenciones tecnológicas de laboratorios estadounidenses, impidiendo que produzcan fármacos biosimilares en modalidad de genéricos, a más bajo costo del que lo venden las farmacéuticas extranjeras.
Los laboratorios locales, por ahora respiran
La Cámara de Diputados se prepara para aprobar la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), pero con una modificación decisiva: quedaría afuera el Capítulo II, el punto que resistía la industria farmacéutica local.
El proyecto podría llegar al recinto la próxima semana y estarían los votos para aprobarlo, luego de haber conseguido dictamen en el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, en mayo.
Sturzenegger, el que quería destruir la producción local de medicamentos
El ministro de Desregulación del Estado es el principal impulsor de ese capítulo que busca que las farmacéuticas locales reconozcan a las internacionales, algo por lo que Estados Unidos viene presionando hace décadas, y que fue tema de agenda del último encuentro entre Javier Milei y Donald Trump.
Claro, es que la modificación de esa norma es lo que hizo emerger a la industria farmacéutica local porque es lo que creó un paraguas legal para que las farmacéuticas locales produzcan medicamentos biosimilares genéricos a aproximadamente un tercio del valor comercial al que lo venden los laboratorios estadounidenses.
Es decir, que si se incluía ese capítulo en la votación, la población (en el corto y mediano plazo) comenzará a ver cómo algunos de los mismos medicamentos que consume se triplican en valor en las farmacias.
Estados Unidos buscaba la adhesión Argentina
La adhesión al PCT forma parte de la agenda de propiedad intelectual que Estados Unidos viene reclamando a la Argentina y quedó incorporada a las negociaciones comerciales entre ambos países. Washington pretendía que el Congreso avanzara con el tratado sin reservas.
Como consecuencia de la presión de los laboratorios argentinos, el Congreso demoró el tratamiento del proyecto de Tratado de Patentes, mediante el cual Argentina reconoce la propiedad intelectual de desarrollo de medicamentos de la industria farmacéutica mundial (aunque en términos concretos se reduce a Estados Unidos).
El proyecto tiene en vilo al gobierno de Javier Milei porque es uno de los puntos que Trump le impuso a fines de 2025 como parte del “salvataje” económico de 20 mil millones de dólares, pero que afecta de manera muy negativa a la industria farmacéutica nacional.
Por ejemplo, el precio de ciertos medicamentos como el antirretroviral Emtricitabina + Tenofovir, utilizado para el tratamiento del VIH, a partir de su no patentabilidad permitió un ahorro de USD 394.029.145 en los últimos ocho años.
Sin patente, se adquiere a U$S 0,17, fabricado por la industria local. Con patente el precio era de U$S 8,14 por comprimido. En cuanto al medicamento Sofosbuvir, para la hepatitis C, el ahorro estimado fue de USD 20.142.243: su precio patentado era de U$S 75,58 por comprimido y en Argentina ahora se paga U$S 4,34.
