El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, defendió el proyecto presentado en el Congreso que fija por ley los fondos que necesitan las universidades para funcionar y que no demanda la creación de nuevos impuestos para financiarlo.
En la misma línea, rectores, gremios, estudiantes y legisladores consensuaron el proyecto de ley para garantizar el presupuesto de las universidades nacionales.
La iniciativa se presenta a seis meses del veto que el presidente, Javier Milei, implementó sobre un proyecto similar presentado en noviembre de 2024.
Consenso
Con una amplia participación de autoridades universitarias, gremios docentes y no docentes, centros estudiantiles y legisladores de diferentes fuerzas políticas, se realizó en el Congreso de la Nación un encuentro clave para defender el financiamiento del sistema universitario argentino. El objetivo central fue avanzar en una ley que garantice presupuesto estable, salarios dignos y continuidad en el acceso a la educación superior pública y gratuita.
Durante la jornada, se presentó una propuesta consensuada entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), sindicatos y organizaciones estudiantiles. También se expusieron otros proyectos impulsados por legisladores de bloques como Unión por la Patria, UCR, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal.
La apertura estuvo a cargo de la diputada Blanca Osuna, vicepresidenta de la Comisión de Educación, quien subrayó:
“En momentos donde la crueldad y la violencia intentan imponerse, es necesario lograr los mejores acuerdos y leyes por los estudiantes, docentes y no docentes de todo el sistema educativo”.
Garantizar el financiamiento
“Garantizar el financiamiento universitario es garantizar el futuro del país. Hoy estamos rectores de norte a sur, junto a sindicatos y estudiantes, con un texto común y una visión compartida del país que queremos: con universidades gratuitas, públicas y accesibles”.
Danya Tavela, diputada nacional y una de las organizadoras del encuentro, sostuvo: “La sociedad argentina tiene un profundo compromiso con la educación pública. Las universidades son una herramienta de igualdad y justicia en cada rincón del país”.
Según datos oficiales, las universidades nacionales enfrentan una reducción real del 45,3% en su presupuesto entre 2023 y 2025. Esta situación compromete el funcionamiento institucional, las condiciones laborales y la posibilidad de ampliar el acceso a la educación superior.
La universidad no es variable de ajuste
En esa línea, Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, advirtió: “La universidad no debe ser una variable de ajuste. Las becas tienen que ampliarse, porque los estudiantes no pueden seguir eligiendo entre viajar, estudiar o comer”.
Carlos De Feo, secretario general de CONADU, reclamó: “Los proyectos deben discutirse en el Congreso. Hay que defender el salario docente y la universidad pública como espacio de desarrollo e inclusión”.
Uno de los acuerdos del encuentro fue fijar un cronograma legislativo para avanzar con la discusión: el 4 de junio se pedirá el emplazamiento de las comisiones de Educación y de Presupuesto, el debate de los proyectos se realizará los días 10 y 11 de junio en comisión, y el 18 se buscará llevarlos al recinto.
