La Justicia le dio cinco días al Gobierno Nacional para que informe los motivos por los que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) debe auditar a la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La medida del juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick es en respuesta a la presentación de la UBA para que se determine cuál es el organismo que debe auditar a las universidades nacionales y en la que se pide una medida cautelar para que la SIGEN no intervenga hasta tanto se defina su competencia como organismo de control.
En medio del ataque de Milei a la UBA, el juez Cormick le dio cinco días de plazo al Gobierno para que produzca el informe de contestación a los argumentos de la UBA, que el lunes presentó una “acción declarativa de certeza” defina si la SIGEN puede o no auditarla y pidió que, mientras se resuelve, se dicte una medida cautelar. En los días previos, esa universidad había denunciado el intento de “intervención” tras el anuncio de que la SIGEN comenzaría a trabajar allí el 28 de noviembre.
“De ningún modo nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la Justicia para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno Nacional se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida”, afirmó el rector Ricardo Gelpi.
La UBA indicó que ese organismo depende directamente del Presidente y la Constitución Nacional sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo por lo que no tiene competencia para auditar a las casas de altos estudios, que son autónomas, sino que es una tarea que le corresponde a la Auditoría General de la Nación. Los directivos de todas las universidades coinciden en lo mismo, ahora es la Justicia la que debe definir para el caso de la UBA.
Caballo de Troya
Desde la UBA señalaron que actualmente se realizan auditorías y llamó a organizaciones independientes para hacer “una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad para brindar información indudable a la ciudadanía”.
“Quiere convertir a la SIGEN en su caballo de Troya para arremeter contra el corazón del sistema universitario: la libertad académica. Quiere poder decidir qué saberes o disciplinas son valiosos, qué docentes pueden enseñar y qué alumnos tienen derecho a asistir a la universidad”, expresaron en un comunicado.
En tanto, el secretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz, remarcó que los informes se los envían mensualmente al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, con el “máximo nivel de detalle de gastos establecidos”.
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