El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictará en los próximos días una nueva resolución que ampliará los procesamientos de los 13 imputados por la mayor tragedia sanitaria de la Argentina. Se elevará el número de muertes atribuidas al fentanilo contaminado de HLB Pharma de 20 a 114 pacientes fallecidos, con 49 víctimas sobrevivientes que quedaron con secuelas. El viernes 8 de mayo se cumplió un año desde que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la distribución del fentanilo fabricado por el laboratorio, tras comprobar que contenía la bacteria Klebsiella pneumoniae.
Esta medida se tomó luego de detectar un brote de neumonía causado por dicha bacteria en el Hospital Italiano de La Plata, y tras confirmarse que el lote afectado pertenecía a HLB Pharma. La decisión implicó la suspensión inmediata de la distribución del producto en todo el país y se sumó a otras restricciones previas sobre productos del mismo laboratorio, por diferentes irregularidades y deficiencias graves en los procesos de fabricación.
Segunda etapa de investigación sobre la responsabilidad política del Gobierno
Con el bajo perfil que los caracteriza, el juzgado de Kreplak y la Fiscalía Federal de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, comenzaron la segunda etapa de la investigación. En ella están bajo la lupa de los instructores judiciales la rigurosidad de los controles a los laboratorios –y sobre todo a HLB Pharma y Ramallo, propiedad de Ariel García Furfaro– que debían realizar la Anmat, por entonces a cargo de Nélida Agustina Bisio, y el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), en ese momento bajo la dirección de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. Los dos máximos organismos de control dependen del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
Cabe recordar que el gobierno de Javier Milei decidió, desde el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, impulsó una fuerte reestructuración de la ANMAT, eliminando más de 60 trámites para laboratorios y empresas con el argumento de “promover la competencia en el sector salud”. Por eso, el ministro también está en la mira de la Justicia.
Si bien el 8 de mayo de 2025 es una fecha clave por la decisión que tomó la Anmat, como se verá en este recorrido, la tragedia –como la mayoría de ellas, llámese Once o Cromañón– comenzó antes.
Por ejemplo, el Hospital Italiano de La Plata detectó la infección en el primer paciente el 21 de abril de 2025. Después de realizar análisis y controles internos, las autoridades del establecimiento privado denunciaron la contaminación del anestésico de HLB Pharma ante la Anmat el 2 de mayo de 2025. Tres días después, la autoridad de control hizo la denuncia ante la Policía Federal Argentina y esta la elevó a la Justicia Federal de La Plata.
Los más comprometidos por las 114 muertes por Fentanilo
Ariel Fernando García Furfaro, accionista mayoritario de HLB Pharma Group y propietario real de Laboratorios Ramallo, es señalado como la figura central. El juzgado le atribuye capacidad de decisión sobre todos los aspectos relevantes de ambos laboratorios, conocimiento pleno de las deficiencias productivas y la destrucción de prueba digital –incluyendo el borrado de los servidores de Ramallo el 6 de mayo de 2025–. También se le imputa haber omitido el recupero farmacéutico de las partidas contaminadas vendidas. Fue embargado por $1.000.000.000.000 (un billón de pesos) y se encuentra detenido.
Diego Hernán García, hermano de Ariel y responsable operativo de Laboratorios Ramallo, fue quien comunicó directamente las órdenes de producción al jefe de planta, incluida la del fentanilo contaminado el 13 de diciembre de 2024. El juzgado acreditó su presencia cotidiana en la planta y su rol en decisiones gerenciales. Está procesado como coautor, fue embargado por $500.000.000.000 y se encuentra detenido.
Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, accionista minoritaria y vicepresidenta de HLB Pharma Group, prestó su nombre y firma para la operatoria societaria, realizó presentaciones ante la Anmat en defensa del laboratorio y gozó de los réditos económicos del grupo. Está procesada como partícipe necesaria, fue embargada por $500.000.000.000 y se encuentra con detención domiciliaria.
Javier Martín Tchukrán, director general de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group, era la persona de máxima confianza de los García. Ordenó el borrado de los servidores del laboratorio el 6 de mayo de 2025 –al día siguiente de que la droguería alertara sobre el problema– e impartía directivas al personal técnico. Está procesado como coautor, fue embargado por $500.000.000.000 y se encuentra detenido.
José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma desde noviembre de 2024, firmó la liberación al mercado de los lotes contaminados 31202 y 31244. En su declaración indagatoria, sostuvo haber sido presionado para firmar los batch records bajo amenaza. Está procesado como coautor, fue embargado por $100.000.000.000 y se encuentra detenido.
Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo desde agosto de 2023, firmó las órdenes de producción y los registros de los lotes contaminados, y fue notificada de las deficiencias detectadas por la Anmat en inspecciones previas. Optó por no declarar en la ampliación de indagatoria. Está procesada como coautora, fue embargada por $100.000.000.000 y cumple detención domiciliaria.
Los restantes siete imputados –María Victoria García (gerenta de Gestión de Calidad), Wilson Daniel Pons (jefe de Control de Calidad), Adriana Iúdica (subjefa de Control de Calidad), Edgardo Gerardo Antonio Sclafani (gerente de Producción y Mantenimiento), Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar (jefa de Garantía de Calidad), Rocío del Cielo Garay (supervisora de Fisicoquímica) y Eduardo Darchuk (jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen)– fueron procesados como coautores sin prisión preventiva, con embargos que van de $10.000.000.000 a $50.000.000.000. Todos firmaron los registros de fabricación de los lotes contaminados y el juzgado determinó que conocían las irregularidades del proceso productivo.
