Finalmente, la científica Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias que investiga en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), difundió los resultados del proyecto SPRINT (impulsado por la Unión Europea), a través del cual identificó la presencia de fertilizantes en el 86% de las personas y en el ambiente, en Argentina.
Aparicio culminó su investigación en 2023 y en el momento que iba a divulgar los resultados, la dirección nacional del INTA le impidió hacerlo. Con Milei, la situación empeoró porque ahora le abrieron un sumario y la quieren echar del organismo científico-tecnológico que encabeza Nicolás Bronzovich y también del CONICET, que hoy tiene a Daniel Salamone al frente.
Los resultados del estudio que no quiere conocer el INTA y el CONICET
En Argentina, el estudio comprendió diez partidos del sudeste de la provincia de Buenos Aires: Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Tandil, Benito Juárez, Necochea, Lobería, San Cayetano, Tres Arroyos y Coronel Dorrego.
El relevamiento incluyó distintos grupos de población: habitantes de zonas rurales, personas vinculadas con sistemas productivos convencionales y agroecológicos, residentes de pequeñas localidades y habitantes de centros urbanos. También se recogieron opiniones de representantes de entidades rurales, organizaciones de aplicadores, agrupaciones ambientales y sectores de la salud y la educación.
Según explicó Aparicio, se utilizaron protocolos armonizados de muestreo y análisis, compartidos con los equipos europeos, para que los resultados pudieran compararse bajo criterios equivalentes.
La investigación abarcó más de 200 plaguicidas y analizó muestras de suelo, agua superficial y sedimentos, además de organismos como peces, insectos, lombrices y murciélagos. En las personas se estudiaron muestras de sangre, orina y materia fecal. También se utilizaron pulseras de silicona durante siete días para registrar la exposición a distintas sustancias presentes en el entorno.
La amplitud del relevamiento permitió observar que el problema no se limita a un único producto o a un solo componente ambiental, sino que involucra diferentes sustancias y vías de exposición.
La preocupación por las mezclas de plaguicidas
Uno de los puntos centrales de la presentación fue la detección simultánea de múltiples sustancias en las muestras analizadas. Aparicio explicó que habitualmente los efectos de los productos se evalúan de manera individual, mientras que las personas y los organismos pueden entrar en contacto con varias sustancias al mismo tiempo. Por eso, consideró importante estudiar también qué sucede cuando esos compuestos aparecen combinados.
Como ejemplo, mencionó los resultados obtenidos en el polvo recolectado dentro de viviendas rurales. Allí, la mediana fue de 75 sustancias diferentes por muestra, con valores que oscilaron entre 25 y 121. Esto quiere decir que está
En las muestras de agua superficial tomadas en arroyos y lagunas, el valor típico fue de 20 residuos por muestra. Según los resultados expuestos, ninguna de las muestras de ese conjunto estuvo libre de residuos y también se identificaron sustancias cuyo uso no está permitido.
La investigadora aclaró que la detección de residuos no implica que todas las sustancias produzcan necesariamente el mismo efecto ni que todas las muestras representen un riesgo idéntico. Sin embargo, señaló que la presencia de mezclas plantea interrogantes que requieren estudios específicos.
Para ilustrar esa cuestión, el medio Punto Nueve de la ciudad de Balcarce (provincia de Buenos Aires) contó que Aparicio describió ensayos de laboratorio con lombrices en los que la combinación de productos utilizada en el experimento argentino produjo efectos mayores que los observados con cada sustancia por separado. En plantas se registró una reducción del crecimiento de las raíces, mientras que en los colémbolos estudiados no se observaron efectos bajo las condiciones del ensayo.
Los resultados, explicó, varían según el organismo y la combinación analizada. Por eso, tanto los efectos detectados como la ausencia de efectos en determinadas pruebas forman parte de la información necesaria para profundizar las investigaciones.
Agua de consumo: las limitaciones de los controles
La calidad del agua fue otro de los temas que concentró la atención durante la charla.
Aparicio presentó datos de un relevamiento de 154 muestras de agua destinada al consumo humano en la región pampeana, recogidas entre 2019 y 2022. Según detalló, se detectaron recurrentemente sustancias como atrazina, metolacloro, imazetapir, 2,4-D e imidacloprid.
Al comparar los resultados con un umbral de referencia utilizado en la Unión Europea, la investigadora señaló que nueve de cada 100 muestras de agua de red y 18 de cada 100 muestras de pozos rurales superaban ese valor.
La comparación requiere una aclaración: superar un parámetro de referencia no equivale, por sí solo, a demostrar que una muestra provoca efectos adversos sobre la salud. Los valores deben interpretarse considerando la sustancia detectada, su concentración, el tipo de exposición y la normativa aplicable.
En ese sentido, Aparicio advirtió sobre las limitaciones de los parámetros utilizados en Argentina para evaluar la presencia de determinados plaguicidas. Según explicó, algunas sustancias de uso actual no están contempladas adecuadamente en las normas vigentes y, por lo tanto, un análisis puede cumplir con los requisitos exigidos sin incluir todos los compuestos que la investigación busca identificar.
La cuestión, sostuvo, no pasa necesariamente por afirmar que los análisis habituales estén mal realizados, sino por revisar qué sustancias se miden y si los controles existentes resultan suficientes frente a los productos que se utilizan actualmente.
Respecto de los cursos de agua superficiales, indicó que las concentraciones registradas en las muestras argentinas fueron superiores a las de los sitios europeos incluidos en el estudio. También planteó que la presencia de distintas sustancias puede generar efectos sobre los ecosistemas acuáticos, incluso cuando el análisis de un compuesto aislado no permita establecer por sí solo un riesgo para la vida acuática.
Entre las medidas que propuso se encuentran sostener el monitoreo de arroyos y lagunas, construir bases de datos que permitan seguir la evolución de los residuos y estudiar el origen de las sustancias detectadas.
Reducir la exposición y revisar las prácticas productivas
La presentación también incluyó resultados relacionados con las prácticas agropecuarias. Según los datos expuestos por Aparicio, las muestras de polvo de viviendas de productores que trabajaban con sistemas convencionales presentaron una mayor cantidad y concentración de plaguicidas que las correspondientes a productores vinculados con prácticas agroecológicas.
Además, mencionó una experiencia realizada en España en la que voluntarios consumieron alimentos exclusivamente orgánicos durante seis días. De acuerdo con los resultados presentados, determinados indicadores vinculados con la exposición a insecticidas en la orina descendieron entre un 57% y un 87%.
Para la investigadora, estos datos muestran que es posible reducir determinados niveles de exposición mediante cambios en las prácticas y los hábitos, aunque los resultados de una experiencia específica no deben extrapolarse automáticamente a todas las sustancias ni a todas las personas.
Otro aspecto que cuestionó fue la diferencia entre las dosis indicadas en las etiquetas de los productos y las que, según los relevamientos mencionados, se aplicaban en algunos casos. Aparicio señaló que se detectaron desvíos que llegaron a ser de hasta 20 veces las dosis recomendadas.
La situación, planteó, abre la posibilidad de mejorar el asesoramiento técnico, la capacitación y los mecanismos de control, además de promover un uso más responsable de los productos fitosanitarios.
“Lo que se aplica acá, no sabemos dónde termina”, advirtió al referirse a la necesidad de reducir la carga de plaguicidas y evitar que las sustancias alcancen otros ambientes.
Vecinos reclamaron controles y políticas públicas
La exposición derivó en un intercambio con vecinos que plantearon preguntas y expresaron preocupación por las consecuencias ambientales y sanitarias del uso de plaguicidas.
Entre los temas mencionados estuvieron la necesidad de actualizar la legislación, ampliar los controles sobre el agua, evaluar la presencia de sustancias en los alimentos y estudiar el impacto de las aplicaciones sobre las abejas y la actividad apícola.
También hubo consultas sobre el uso de productos en banquinas y la conveniencia de extender las investigaciones a quintas y otros sistemas productivos.
Uno de los asistentes preguntó si era necesario avanzar con políticas públicas de salud y normas que regulen el uso de estas sustancias. Aparicio respondió que uno de los objetivos de la investigación científica es precisamente aportar datos que permitan fundamentar decisiones.
Durante el intercambio también se planteó que detectar un compuesto no significa automáticamente que el agua no sea apta para el consumo. Sin embargo, la presencia de sustancias que no están contempladas en los controles habituales puede justificar nuevas evaluaciones y una revisión de los parámetros utilizados.
El encuentro dejó planteada una discusión que excede el ámbito científico y alcanza a las autoridades, los productores y la comunidad: cómo utilizar la información disponible para mejorar los controles, reducir la exposición y evaluar alternativas productivas.
El INTA no quiere oir sobre los resultados de la investigación
Los resultados presentados por Aparicio aportan elementos para ese debate, aunque las decisiones sobre riesgos concretos requieren considerar cada sustancia, su concentración, las vías de exposición y la evidencia disponible. El desafío, a partir de ahora, será determinar cómo traducir esa información en medidas de prevención, monitoreo y regulación que respondan a las particularidades de la región.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), como ya hizo con la Resolución 1081/2023, volvió a despegar a la institución de la investigación realizada en los últimos años por la investigadora de su planta Virginia Aparicio, quien desde 2020, en el marco del proyecto SPRINT, midió residuos de diferentes agroquímicos en el medio ambiente y el cuerpo de varias personas.
El organismo ya había adelantado además su decisión de “exonerar” a Aparicio, lo que implicará que perderá no solo su puesto en el INTA sino también en el Conicet.
Entre los puntos señalados por el organismo, el documento cuestionó procedimientos vinculados con la toma y el análisis de muestras humanas, al considerar que esas tareas correspondían a especialistas en salud y toxicología y excedían la competencia institucional del organismo. También consignó observaciones sobre el envío de muestras al exterior, la intervención del comité de ética y el acceso a información de los participantes.
En cambio, la resolución sostuvo que no correspondía formular observaciones sobre los análisis realizados en animales, suelos y aguas, por encontrarse dentro del ámbito de actuación del INTA.
Debe quedar claro que la nota enviada ahora al Concejo Deliberante de Balcarce no solicitó en ningún momento que se suspenda la presentación de Aparicio, sino marcar la distancia con la institución.
