Periferia

26 de Octubre de 2024

El instituto universitario que forma policías echó a 21 docentes por su orientación en derechos humanos

Se trata del IUPFA que además cerró una carrera que formaba a los oficiales de la fuerza policial "bajo el paradigma de la seguridad democrática". Desde ATE denuncian "persecución ideológica".

En el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) ya no hay lugar para docentes formados en el modelo de seguridad democrático o con militancia en organismos de derechos humanos. Veintiún profesores y profesoras fueron despedidos a mitad de cuatrimestre con la excusa de que hay un cambio de paradigma en marcha impulsado desde el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que se trata de una persecución ideológica y le reclamaron al jefe de la PFA, Luis Alejandro Rollé –que había quedado en el ojo de la tormenta después de que una nena de diez años fue gaseada en una marcha en Congreso–, que deje sin efecto la decisión.

El 14 de octubre, 21 docentes recibieron la notificación de que ya no seguirían dando clases en el IUPFA. Muchos de ellos llevaban más de diez años en esa institución. Todos eran herederos, de alguna manera, del proceso que se inició hacia finales de 2010 con la creación del Ministerio de Seguridad y la decisión de Nilda Garré de que la formación de los agentes no podía quedar únicamente en manos de las propias fuerzas.

Los despedidos eran parte del plantel docente de la licenciatura en Seguridad Ciudadana, creada por Garré. Todos tenían contratos hasta el 31 de diciembre, pero en la cúpula de la PFA evidentemente primó la lectura de que había que dar un mensaje rápido de ruptura. “Se ve que no se aguantaron hasta fin de año”, dice uno de los desvinculados.

Lo que tienen en común los docentes despedidos es que ocuparon algún cargo durante las gestiones del kirchnerismo o que tienen militancia en derechos humanos. De hecho, dos de las docentes echadas son parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Una de ellas está embarazada. Nada de eso importó a la hora de firmar las desvinculaciones –ni siquiera la posibilidad de afrontar juicios laborales.

Los rumores de que se podrían producir despidos comenzaron hacia finales de septiembre. El 12 de septiembre, hubo una reunión del consejo académico del IUPFA –que tuvo casi un carácter secreto– en el que se habló de cerrar la carrera de Seguridad Ciudadana y de no renovar contratos.

“Cambio de paradigma”

Según el acta de la reunión, el rector del IUPFA, el comisario mayor retirado Oscar Gutiérrez, marcó que estaba en marcha un cambio de paradigma. “Remarca, precisamente, las diferencias con el enfoque anterior basado en estrategias de prevención social de la violencia y el delito en carácter comunitario y local. En dicho orden de ideas, deviene necesario potenciar las ofertas académicas ligadas al citado objetivo”, puede leerse en la minuta.

El 23 de septiembre, Gutiérrez escribió una resolución con los nombres de las personas que iban a quedarse sin trabajo en mitad del cuatrimestre. “Es necesario adecuar los perfiles de los docentes que integran esta Casa de Altos Estudios, quienes deben estar enfocados y capacitados sobre la investigación criminal, conforme a la política y lineamientos de formación que establece el Ministerio de Seguridad de la Nación para las fuerzas de seguridad”, afirmó.

“Para lograr tal meta –continuó el rector– se efectuó un amplio y pormenorizado análisis de todos los docentes que integran el plantel académico, pudiéndose determinar que entre ellos hay muchos que no cuentan con la debida experiencia, formación y perfil en materia de investigación criminal y crimen complejo”.

En síntesis, el argumento que daban desde la cúpula del IUPFA era que supuestamente esos docentes no podrían formar a los estudiantes en cuestiones vinculadas a la investigación criminal –pese a que muchos de ellos tienen la expertise o las competencias necesarias.

Menos democracia y más prácticas propias de la dictadura

El pasado 15 de octubre estudiantes y docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) realizaban una clase pública en el marco de la toma del edificio, cuando cuatro personas de civil con casco y en motos aparentemente particulares, intentaron generar incidentes y prender fuego un contenedor de basura al lado del lugar donde se llevaba adelante la protesta. A través de las imágenes que grabaron varios de los presentes, organizaciones civiles denunciaron que se trataba de agentes pertenecientes a la Policía de la Ciudad.

Los infiltrados no lograron prender fuego el contenedor porque la comunidad educativa que participaba de la clase pública se los impidió y los echó del lugar antes de que pudieran cumplir su cometido. Sin embargo, antes de que se fueran pudieron filmar y sacar fotos a las motocicletas en las que circulaban y sus patentes. De esta manera, confirmaron que se trataba de personal de seguridad.

La Red de cuidado ciudadano para contrarrestar la violencia policial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mapa de la Policía, realizaron las averiguaciones correspondientes en el Registro de la Propiedad Automotor y corroboraron que ambos vehículos pertenecían al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

“Estas acciones son ilegales, y por ello ya realizamos la denuncia correspondiente”, lanzaron desde la entidad. “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va tener que dar respuestas ante la Justicia”, añadieron tajantes.

CORREPI

Lejos de ser un caso aislado, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denunciaron que el pasado miércoles 23 de octubre en las horas de la mañana, dos policías de la Ciudad ingresaron a una de las sedes de la Universidad Nacional de Artes, “violando la autonomía universitaria y el artículo 30 de la Ley de Educación Superior”.

X de CORREPI

“La persecución política a estudiantes y al conjunto de la comunidad universitaria atenta contra el derecho a la protesta y a la organización, amparado en la Constitución Nacional. Vemos con preocupación como en diferentes universidades del país la policía ha increpado a estudiantes y docentes para obtener información e imponer miedo para desarticular las medidas de lucha”, exclamaron en un comunicado.

Y completaron: “Entendemos que estas acciones son avaladas y sistematizadas por las políticas represivas de Waldo Wolff y Patricia Bullrich”.

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