En el marco del inicio del nuevo cuatrimestre en las universidades nacionales, el gobierno de Javier Milei, a través del Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, decidió acercarse a los rectores de las 70 universidades que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y les propuso un “placebo fiscal” que resuelva una parte de la asfixia de fondos que atraviesan, a cambio de bajar la cautelar judicial que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
El oficialismo destinará 4,8 billones de pesos a las casas de estudio superiores y, de acuerdo a la Ley de Financiamiento vigente (sancionada dos veces por el Congreso y vetada dos veces por el presidente), deberían ser 7,2 billones pero, además, debería saldarse lo adeudado en gastos de funcionamiento desde diciembre de 2023 y los salarios de los Docentes y Nodocentes que llevan acumulada una pérdida de más de cien puntos contra la inflación desde que asumió Javier Milei.
Cabe recordar que la Ley de Financiamiento Universitario tras ser aprobada por las dos cámaras del Congreso fue vetada por Javier Milei; y el Congreso rechazó el veto presidencial. A eso le siguió la promulgación del Poder Ejecutivo pero anunciando que se incumpliría (algo insólito) porque en la norma no se explica de dónde se tomarían los fondos para financiarla.
Luego de eso, en los meses de verano, el gobierno intentó quitar el financiamiento universitario de la ley de Presupuesto 2026 pero ya pesaban dos cautelares avaladas por la Justicia para que cumpla con la norma.
Un placebo fiscal para sacarse de encima la presión de la Justicia
Acorralado por esa decisión judicial, la gestión de Javier Milei llamó a los rectores del Consejo Interuniversitario (CIN), para ofrecerles una solución fiscal “a medias”, con la condición de que se levanten las medidas cautelares en la Justicia.
Hoy, las instituciones de educación superior no puedan sostener sus actividades de funcionamiento indispensables y que, en paralelo, muchos docentes elijan dejar sus puestos por salarios que perdieron más de cien puntos contra la inflación en dos años. Como habitualmente sucede, ante el inicio de cada cuatrimestre, la gestión libertaria renueva sus promesas de alivio para el sector. Promesas que, hasta la fecha, no se han materializado.
Lo que mueve al gobierno está muy lejos de ser una política integral que tenga en el mapa a las universidades como un actor clave de procesos de desarrollo productivos y sociales. Eso está descartado. Milei mueve sus fichas porque la cautelar del juez Martín Cormick obliga a que cumplan con el financiamiento que indica la actual norma en plena vigencia
Saldar sólo lo correspondiente a 2025
Días atrás, el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, y el de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, como representantes del Consejo Interuniversitario Nacional, se reunieron con Alejandro Álvarez y Carlos Torrendell, subsecretario de Políticas Universitarias y secretario de Educación, respectivamente. Luego del encuentro, se informó que el Gobierno tiene una propuesta para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y llevar “alivio” a las casas de estudio. Ya se habla de un nuevo texto normativo que “asegure la previsibilidad fiscal” y “resuelva los conflictos legales”.
El ofrecimiento sería una recomposición a medias. Esto es: si bien de acuerdo a la Ley de Financiamiento, corresponde recomponer los porcentajes adeudados en salarios y gastos de funcionamiento de diciembre de 2023, 2024 y 2025 según IPC, el gobierno ofrecería pagar los correspondientes a este último año solamente.
El aumento, las cuotas, los plazos, la modalidad y demás precisiones aún están en discusión. También proponen una reapertura de paritarias cada dos meses para ajustar los incrementos salariales y de funcionamiento en 2026. Esas modificaciones ingresarían a partir de una modificación en la ley. Todo está en veremos.
Sin política universitaria, Milei se mueve Acorralado por la Justicia
Está claro que lo que mueve al gobierno está muy lejos de ser una política integral que tenga en el mapa a las universidades como un actor clave de procesos de desarrollo productivos y sociales. Eso está descartado. Milei mueve sus fichas porque la cautelar del juez Martín Cormick obliga a que cumplan con el financiamiento que indica la actual norma en plena vigencia. Entre otros aspectos, asegura la recomposición salarial de los trabajadores y garantiza el funcionamiento adecuado de las funciones básicas de las universidades públicas.
Como el Gobierno no tiene muchos argumentos para dejar de cumplir con la Ley y la Justicia fallará en su contra, lo que ahora busca es una salida política. Que los números “cierren” de alguna forma por dos motivos: para cumplir con la Ley y eludir la presión judicial, así como para desactivar los reclamos de las universidades.
