La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) volvió a ser foco de una demanda en la que denuncian precarización laboral, rebajas salariales arbitrarias y haberes adeudados “bajo un esquema de contratación de locación de servicios”.
Se solicitó que la denuncia sea tratado en la última sesión del consejo superior celebrada la semana pasada pero el pedido fue negado por las autoridades.
El denunciante, un graduado de la universidad, presentó una demanda ante el Consejo Superior alertando que las contrataciones fueron “suspendidas de manera intempestiva y sin aviso previo”, reclamando respuestas ante la condición de hacer avanzar la demanda ante la justicia federal.
Los antecentes de denuncias laborales en la Universidad Nacional de Jujuy
El antecedente cercano de los problemas laborales en la UNJu data de junio de 2026, cuando trabajadores contratados y nodocentes autoconvocados de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) ya realizaron protestas y movilizaciones frente al Rectorado en San Salvador de Jujuy para denunciar una crisis laboral que no cesa.
En ese momento, los empleados denunciaban que llevan entre 12 y 14 años bajo modalidades de contratación temporaria o precaria realizando tareas propias de personal permanente.
Por su parte, reclamaban por recortes salariales, la pérdida de cobertura de obra social y la falta de notificación formal sobre la continuidad de sus haberes. A su vez, expresaron preocupación por la posible imposición de pases a contratos de obra en lugar de la regularización laboral.
Mario Bonillo, en la mira de los trabajadores
Las medidas de fuerza y los pedidos de diálogo apuntaron directamente al rector de la UNJu, Mario Bonillo.
La nueva demanda presentada ante el Consejo Superior de la Universidad se deriva de ese conflicto que afecta a buena parte de los trabajadores docentes y NODOCENTES de la universidad.
En el escrito presentado, el demandante detalla la existencia de “haberes arbitrariamente reducidos” a la mitad (de $745 mil pesos se abonaron $300 mil que se otorgaron posteriormente en un valor de 345 mil como “no remunerativos”) desnaturalizándose la escala salarial y licuandose la base previsional.
La demanda especifica que, además, la universidad practicó descuentos y retenciones salariales, que se fijaron como “pago parcial” tanto en aportes de seguridad social como en obra social.
Además, constatan “bajas formales en la cobertura médica asistencial” de la obra social OSFATUN por falta de integración de aportes obligando a los trabajadores a costear coseguros y pagos particulares directos para no interrumpir tratamientos de familiares.
Rebajas salariales, salarios adeudados y bajas en la obra social
La denuncia apunta que las acciones de la universidad poseen figuras que están tipificadas en el código penal como Apropiación Indebida de Recursos de la Seguridad Social (art. 4 de la ley 27.430) y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal).
A su vez apunta contra la malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y fraude en la relación del empleo público, todas figuras que están tipificadas, también, en el Código Penal.
La denuncia exige la intervención inmediata del Consejo Superior de la universidad para resolver la situación en los próximos diez días hábiles, e impedir que se avance hacia una demanda penal contra las acciones de la casa de estudios superiores encabezada por Mario Bonillo.
