Tras un debate exprés, el oficialismo dictaminó este martes en la Cámara de Diputados la llamada Ley Hojarasca del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que busca hacer una depuración legislativa y deroga más de 70 normas queconsidera “vetustas”. Sin embargo, el Gobierno desistió de eliminar un privilegio del que gozan los legisladores nacionales para circular y estacionar libremente en la vía pública.
Entre esas normas está la declaración de interés nacional a la producción pública de medicamentos, que en Argentina permite reducir costos de medicamentos por la producción en laboratorios públicos provinciales.
La Producción Pública de Medicamentos es uno de los ejes de la industria farmacéutica local que permitió que la población acceda a medicamentos de más bajo costo y a soluciones en Salud que los laboratorios privados no ofrecen por la escasa rentabilidad, como es el caso de las llamadas enfermedades “poco frecuentes”.
Producción pública de Medicamentos
La producción pública de medicamentos en Argentina se realiza a través de una red de laboratorios de gestión estatal, que incluye instituciones nacionales, provinciales, municipales y universitarias. Estos laboratorios están coordinados por la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).
En Argentina hay laboratorios públicos de medicamentos en casi todas las provincias, pero entre los más emblemáticos está el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe, donde se produce el Misoprostol y el cannabis con fines medicinales.
El LIF es parte de la Red ANLAP que articula a más de 20 laboratorios en todo el país para la producción conjunta y el abastecimiento al sistema público de salud, y que se distribuye en universidades, ministerios, organismos de ciencia y entidades provinciales y municipales.
Pues bien, para el gobierno es parte de las leyes que considera “inútiles” y busca derogarla a través del proyecto de Federico Sturzenegger.
Para el gobierno es una ley obsoleta
Desde la oposición cuestionaron la oportunidad del debate. “Es muy extraño que en estas circunstancias del país estemos discutiendo la Hojarasca. Este catálogo es en algunas partes incompleto, en algunas partes sobreabundante, y en otras toca áreas sensibles que merecerían un análisis más pormenorizado”, consideró el massista Diego Giuliano.
El diputado admitió que existen normas obsoletas (como las referidas a la pena de azotes, microfilmación o emisiones de televisión a color, que figuran en el listado a derogar), pero también observó que el Gobierno omitió algunas leyes e incluyó otras como la 26.688, que declara de “interés nacional” la investigación y producción pública de medicamentos.
El secretario de Desregulación le salió al cruce. “Los invito a leer esa ley: no hay un solo artículo de la ley que haga más que declamaciones. Ningún laboratorio fue constituido a partir de esa ley. No hay ningún beneficio para los laboratorios. A veces se hacen leyes que son meros catálogos de intenciones: esta es una de ellas”, retrucó Cacace.
El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, cargó contra Sturzenegger por su pasado en distintas gestiones y planteó el peligro de “una ley Caballo de Troya, para que adentro del caballo se metan los intereses que están esperando con ansias hacerse de bienes y recursos estratégicos que tiene la Argentina”.
Hojarasca
La Ley Hojarasca deroga una batería de leyes que quedaron obsoletas por el paso del tiempo o de la tecnología; que fueron superadas por otras leyes; que “afectan libertades individuales”; que implican más burocracia estatal; o que aluden a organismos que ya fueron disueltos.
Con 35 firmas de La Libertad Avanza y aliados, la iniciativa obtuvo luz verde en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, y quedó lista para ser votada en el recinto. Sturzenegger no asistió a defender la propuesta, sino que envió a los secretarios Alejandro Cacace (Desregulación) y Maximiliano Fariña (Transformación).
A cambio de apoyos, el oficialismo aceptó dejar a salvo algunas de las leyes que se intentaban derogar. Una de ellas es la 20.959, de 1975, que estableció que los senadores y diputados nacionales, así como los secretarios y prosecretarios de ambas cámaras, tienen derecho al uso de una credencial personal e intransferible que los habilita para la libre circulación y el libre estacionamiento.
“Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática, y contraria al principio de igualdad ante la ley establecido por el artículo 16 de la Constitución”, sostenía el Poder Ejecutivo en los fundamentos del proyecto.
Sin embargo, la ley finalmente quedó afuera del catálogo a derogar, aunque ningún diputado ni tampoco los funcionarios presentes aludieron al tema. De manera informal, se indicó que “se retirará la ley a los fines de hacer una discusión más amplia, en virtud del alcance de estas normativas a los tres poderes del Estado”.
Ley derogada
También se quitó del listado la Ley 11.380, relacionada a préstamos del Banco Nación para cooperativas. Según el Gobierno, había que suprimirla porque se basaba en otra ley ya derogada hace 50 años, pero desde el sector cooperativo advirtieron que se llevaba puesto un artículo clave que los exime de pagar contribuciones sobre el valor de los edificios y construcciones.
“Solicitamos que se ponga en resguardo a nuestras entidades cooperativas de esta nueva imposición tributaria. El perjuicio sería nefasto desde el punto de vista económico para las entidades solidarias”, advirtieron ante diputados desde la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas Eléctricas y otros Servicios Públicos (CONAICE).
En el debate, Cacace informó que postergarán el debate para más adelante, pero a la vez señaló, frente a los cuestionamientos de la oposición, que el sector cooperativo fue el único de los supuestamente afectados que hizo un planteo concreto.
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También se mantendrá vigente el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación, un organismo dependiente del Congreso que agrupa a legisladores en funciones y con mandato cumplido para contribuir en conjunto a “jerarquizar la tarea legislativa”. El Círculo se solventa, en gran medida, con un porcentaje de las dietas de diputados y senadores.
El proyecto también dejaba sin recursos públicos a la FAM (Federación Argentina de Municipios), pero finalmente se retocará agregando la palabra “exclusivamente” cuando se refiere al financiamiento por parte del Estado Nacional. De ese modo, el organismo podrá recibir también fondos de otros orígenes.
