El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) prohibió a sus trabajadores el uso de las palabras “cambio climático”, “sustentabilidad”, “agroecología”, “género”, “biodiversidad”, “huella de carbono” y “prohuerta” en documentos y publicaciones del organismo.
Así lo denunciaron desde la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta). Por esta situación, el sindicato pidió explicaciones al Consejo Directivo de la entidad, pero no obtuvo respuestas. El presidente del INTA, Juan Cruz Molina Hafford, es un reconocido impulsor del agronegocio y detractor de la agroecología.
El 11 de junio, Apinta emitió un comunicado en el que denunció la situación de censura y alertó que la prohibición de utilizar los términos mencionados afecta el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2015-2030. Dos semanas después, el 25 de junio, la situación fue llevada a un encuentro de comunicadores de las regionales del INTA (estructuras administrativas en las que dividen al país). Allí estaban presentes el presidente del instituto, Juan Cruz Molina Hafford.
Y las autoridades volvieron a insistir. “Recomendaron que no se usen esas palabras y que se baje la presencia en Twitter, diciendo que es donde el Gobierno da la discusión política“, afirmó el secretario general del sindicato, Mario Romero. Y destacó: “Nos llegó información de que en los equipos de comunicaciones regionales del INTA recibieron una bajada de línea sobre no utilizar esas palabras”.
Apinta cuestionó también la utilización de bots/trolls ligados al Gobierno, que realizan comentarios descalificadores y posteos agresivos contra la institución y la recepción de correos de “propaganda política y adoctrinamiento” desde la Subsecretaría de Vocería y Comunicación.
Por el momento, el Consejo Directivo del organismo no se manifestó al respecto. Se trata de la máxima autoridad del instituto, cuyos cargos son políticos y con fuerte presencia del agronegocio con representantes de la Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria, Confederaciones Rurales (CRA), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea). El actual presidente fue miembro de CRA, Aapresid y Aacrea.
El Plan Estratégico Institucional 2015-2030 —contra el que atenta la directiva comunicacional— se plantea como objetivo impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de un sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial competitivo, “inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente”. También menciona la intención de ser un espacio que contribuya a la “soberanía científico-tecnológica, a la seguridad y soberanía alimentaria”.
El INTA y un antecedente de censura
En junio de 2023, la dirección nacional del INTA envió una nota a la investigadora Virginia Aparicio, de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. Se la “instruyó” a suspender la comunicación pública de los resultados del proyecto internacional Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global (Sprint). El proyecto evaluó la presencia de plaguicidas en Europa y Argentina. Los resultados preliminares evidenciaban que los plaguicidas no permanecen únicamente en los campos de cultivo: están presentes en suelos, el agua, el aire y en los cuerpos de las personas.
A fines de 2022, ATE-INTA denunció que el INTA Córdoba, entonces encabezado por el actual presidente Molina Hafford, realizó un sumario al ingeniero agrónomo César Gramaglia, especialista en agroecología. Gramaglia había sido denunciado en 2020 por el propio Hafford, a partir de quejas de funcionarios del gobierno cordobés y del Senasa provincial. El motivo: difundir las técnicas agroecológicas para el control de plaga de langosta, a contramano del modelo convencional con agrotóxicos.
En 2018, el estudio “Plaguicidas en el ambiente” editado por el INTA, y escrito por Aparicio, Eliana Gonzalo Mayoral y José Luis Costa, fue borrado del repositorio digital de la entidad. Tras hacerse público el retiro de la publicación, decidieron volver a publicarlo.
Más atrás en el tiempo, en 2017, el organismo prohibió a sus trabajadores utilizar la palabra “agrotóxico”. El mail enviado a quienes se desempeñaban en la entidad vetaba el término en las comunicaciones de los profesionales, en materiales impresos o virtuales o en cualquier otro tipo de comunicación institucional correspondiente al INTA. Argumentaba: “El término ‘agrotóxico’ implica una posición valorativa negativa que presupone un uso inadecuado o inapropiado de una alternativa tecnológica que bien empleada no debería constituirse en riesgo para la salud humana o ambiental”. Y pedía usar, en cambio, los términos “productos fitosanitarios” o “agroquímicos”.
Fuente: Agencia Tierra Viva.
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