Tras meses de silencio respecto a las denuncias de censura replicadas desde Mar del Plata, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se pronunció públicamente sobre el estudio Sprint, financiado por el Banco Mundial, que fue cancelado por el organismo cuando estaban por ser presentados los resultados sobre impacto de los agrotóxicos en poblaciones bonaerenses.
“Error inicial”
El estudio midió y evaluó la cantidad de agroquímicos en el cuerpo -y también en los ecosistemas- en la población argentina y ahora el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se pronunció públicamente respecto a los resultados del proyecto internacional “Transición sostenible de protección vegetal: un enfoque de salud global” (Sprint, por sus siglas en inglés) y aseguró, pese a los reiterados reclamos, que “no están prohibidos”.
Fue ante la pregunta de una profesional en nutrición en el marco del Congreso de Alimentos de la Agricultura Familiar y la Economía Social que se desarrolló días atrás en Paraná, Entre Ríos, que el organismo nacional se refirió públicamente por primera mes al estudio Sprint y contestó que los resultados “no están prohibidos” y aseguró que, semanas atrás, se realizó una reunión con las y los participantes para “comunicarles exactamente a cada uno lo que salió”.
De todas maneras, ante el cuestionamiento de la profesional de por qué se prohibieron los resultados del estudio Sprint, al momento de elaborar su respuesta el presidente del INTA, Mariano Garmendia, reconoció un “error inicial” por parte del INTA en torno al abordaje del proyecto y planteó que ahora buscan “subsanar” e involucrar a los Ministerios de Salud de la Nación y Provincia por su peso en materia de salud pública.
Censura
Tras las denuncias de “censura” del INTA al estudio “Sprint”, dos voluntarios relatan su experiencia tras conocer que viven con hasta 10 plaguicidas en la sangre.
El video en el que responde el funcionario, difundido por Revista Cítrica en X, es la primera exposición oficial luego de meses de silencio envueltos por denuncias de censura por parte de quienes participaron como voluntarios junto a organizaciones ambientales, sociales y políticas.
EL ESTUDIO “SPRINT” EN MAR DEL PLATA
El estudio “Transición sostenible de protección vegetal: un enfoque de salud global” (Sprint) inició en 2020 y está pautado para desarrollarse durante un total de cinco años. Participan Holanda, Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Francia, Portugal, España, Italia, Suiza, República Checa y Argentina, país elegido por la Unión Europea por ser uno de los principales exportadores de soja y otros cultivos para el consumo de su ganado.
En Argentina, el muestreo se llevó a cabo en noviembre de 2021 en distintos partidos del sur de la Provincia de Buenos Aires en busca de evaluar el impacto de los agroquímicos en la salud humana y también en los ecosistemas.
Sin embargo, en julio, voluntarios, voluntarias y distintas organizaciones denunciaron que el organismo estatal había “pospuesto” sin una justificación razonable la publicación de los resultados, que debía realizarse el 21 de junio y que “apartó” del estudio a Virginia Aparicio, la ingeniera agrónoma experta en la materia, a cargo del proyecto y quien debía presentar esos resultados.
Denuncias
Las denuncias, que incluyeron la voz del colectivo Paren de Fumigarnos en una jornada frente a la delegación local del INTA, atribuyeron esa “cancelación” al “peso” que contienen esos resultados de interés público que el INTA no querría dar a conocer, según expusieron.
Días después de esas denuncias públicas -que también se extendieron a investigadores y profesionales del propio organismo-, el INTA -a través de una resolución con fecha del 5 de julio- “pospuso” la participación de Argentina en el proyecto Sprint “hasta tanto no se cuente con los informes y antecedentes de los avances de las actividades efectuadas”.
Respuesta oficial
Desde entonces, el reclamo de quienes participaron como voluntarios que derivó en presentaciones a través de una abogada, apunta a obtener algún tipo de respuesta oficial de los resultados que, si bien habían sido presentados individualmente por el organismo a cada participante, no incluyeron una explicación de qué implica tener una “mezcla” de agroquímicos en el cuerpo.
Los resultados de las 73 personas analizadas en Argentinas son extrapolables al resto de la población y que dan cuenta del consumo y exposición diaria a los agroquímicos a través del aire, el agua, la tierra y los alimentos.
En ese sentido, parte del reclamo que encabezan están ligados a la necesidad de que los resultados se difundan públicamente y de que haya una explicación oficial respecto a qué implica para la salud humana vivir con esa “mezcla” de agroquímicos en el cuerpo.
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