En vísperas de que el Senado de la Nación trate la última instancia para promulgar la llamada “modernización” o reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, y ante el inminente ingreso al Congreso de un nuevo proyecto de financiamiento universitario que pretende reemplazar el esquema vigente, desde la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología expresaron que “en Ciencia y Universidad la degradación laboral es una realidad consolidada desde hace dos años”.
La entidad, que nuclea a referentes de ciencia de diferentes organismos del sistema científico apuntaron que “los trabajadores de universidades nacionales, organismos científicos y tecnológicos, institutos de investigación y hospitales universitarios perdieron en el gobierno libertario aproximadamente un 40% del poder adquisitivo real“.
“Esta caída es el resultado de aumentos insuficientes y sistemáticamente por debajo de la inflación, incumplimiento y posterior derogación parcial de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y más recientemente, la falta de cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario actualmente vigente”, señalaron en un comunicado.
Desde la Mesa Federal apuntan que “mientras se debate públicamente la necesidad de “ordenar” el mercado laboral, en nuestro sector ya se ha aplicado un ajuste silencioso que degradó salarios, precarizó condiciones de trabajo y debilitó instituciones estratégicas”.
Ley de Financiamiento Universitario vigente
El comunicado señala, además, que la ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso, promulgada y, a pesar de ello, incumplida por el gobierno es “la conquista que nos quieren robar”.
“La Ley de Financiamiento Universitario vigente pero desconocida por el Poder ejecutivo e incumpliendo órdenes judiciales, establece criterios claros: actualización por IPC de partidas sensibles, recomposición de gastos de funcionamiento y paritarias periódicas para el personal docente y no docente. Son mecanismos mínimos para que el sistema universitario, que también alberga o articula una buena parte del sistema científico, no pierda capacidad operativa en contextos de alta inflación”, destacan.
Sin embargo, el nuevo proyecto que el Poder Ejecutivo pretende implementar modifica sustancialmente estos criterios, no aseguran el mínimo funcionamiento y consolidan la pérdida acumulada.
Por ejemplo:
● Los hospitales universitarios, que debían actualizarse por IPC, pasarían a depender de un fondo fijo nominal.
● Los gastos de funcionamiento dejarían de recomponerse retroactivamente y sólo se ajustarían bajo condiciones restrictivas.
● En materia salarial, se proponen aumentos escalonados que, lejos de recuperar lo perdido, amplían la brecha.
Flexibilización por licuación
En los sectores científico y universitarios, la flexibilización opera principalmente por licuación salarial y degradación presupuestaria.
Durante dos años:
● Los salarios docentes y científicos perdieron poder adquisitivo de manera sostenida.
● Las becas continúan sin reconocimiento pleno de derechos laborales, recibiendo remuneraciones de pobreza.
● Los ingresos a carreras científicas permanecen congelados o demorados.
● Se exige excelencia académica y científica en condiciones cada vez más indignas de trabajo y en un contexto donde se restringe cada vez más el derecho a huelga.
“El resultado es previsible: emigración de profesionales altamente calificados, abandono de carreras científicas y debilitamiento progresivo de las universidades públicas. No se trata de daños sectoriales. Alrededor del 80% de los investigadores del CONICET son también docentes universitarios, responsables de formar profesionales en áreas estratégicas como salud, agricultura y tecnología, entre otras. Ajustar sobre ciencia y universidad no sólo deteriora salarios: erosiona la capacidad del país de producir conocimiento, formar recursos humanos y sostener su desarrollo”, concluyen.
El cientificidio, una decisión política
Por último, apuntan que “el ingreso al Congreso de un nuevo proyecto de financiamiento universitario en paralelo al tratamiento de la reforma laboral no es un hecho aislado. Forma parte de una orientación política que entiende que la dignidad de los trabajadores y jubilados, así como la inversión en educación y ciencia, son meras variables de ajuste. Sin embargo, no parecen aplicarse los mismos criterios de austeridad en otros ámbitos: se registran gastos en viajes oficiales sin agenda pública conocida, incrementos siderales en partidas de comunicación y medidas que reducen la recaudación sobre bienes de lujo. La selectividad del ajuste resulta, cuanto menos, elocuente”.
Por eso concluyen que “no se puede hablar de desarrollo, competitividad o modernización productiva mientras se consolidan salarios depreciados y se vacían de contenido leyes aprobadas por el propio Congreso. Modernizar no debería implicar reducir el salario real ni incumplir marcos legales y constitucionales”.
“La flexibilización laboral que se discute en abstracto ya se aplica en concreto en nuestro sector. La pérdida del 40% del poder adquisitivo, sumada a propuestas que institucionalizan esa caída, configura un escenario de precarización incompatible con cualquier proyecto serio de país basado fuertemente en el fortalecimiento científico y universitario. Modernizar no es licuar. Reformar no es retroceder“.
Quiénes integran la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología
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