En un artículo, el ex Secretario de Articulación Científico Tecnológica del gobierno de Mauricio Macri, Agustín Campero, sostuvo que “en lo que respecta al sistema científico tecnológico argentino, el proyecto de ley en consideración es inconveniente y va a perjudicar el devenir de las actividades de ciencia, tecnología e innovación” y apuntó contra cuatro puntos claves.
El ex funcionario se refirió a las autorizaciones al poder ejecutivo para disolver, intervenir, modificar, fusionar, transferir (dependiendo el caso) distintas oficinas públicas, entre ellas las instituciones de ciencia y tecnología. Se trata de los artículos 3 y 6 del proyecto de ley; A esto se le complementa el artículo 52, que pone en situación de disponibilidad al personal de los organismos que se re estructuren; La posibilidad de modificar o transformar empresas estatales que son de ciencia y tecnología o que impactan en ciencia y tecnología, de acuerdo al artículo 4 del proyecto de ley; y la reforma laboral, que favorece la creación de empresas de menos de 5 empleados, lo que induciría el enanismo empresarial. Esto es un problema para la innovación.
Campero planteó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que otorga enormes e inéditas facilidades para grandes inversiones -y en términos relativos castiga a inversiones anteriores que no se hicieron en el marco de semejantes beneficios- no promueve el desarrollo de proveedores locales, ni la compra de tecnología local, ni el desarrollo de enclaves tecnológicos o de innovación, ni la generación de capacidades para las próximas oleadas tecnológicas.
Artículos 3° y 6°
Campero puntualizó que “de aprobarse este proyecto el ejecutivo podrá avanzar interviniendo organismos claves, disolviendo o modificando su estructura.
Como puede verse en el cuadro, sin necesidad de pasar por el Congreso ni que el Congreso establezca un mecanismo de discusión respecto de qué hacer con cada organismo -de acuerdo a las atribuciones que hoy tiene-, se ven afectadas casi todas las instituciones de ciencia y tecnología en, al menos, su posibilidad de modificación de estructura, gobernanza, funciones generales y específicas, diseño institucional, etc. Y esto impactará sobre cuestiones productivas muy relevantes.
Como ejemplo podemos tomar el impacto sobre el agro (INTA), la industria (INTI), la minería (SEGEMAR), la pesca (INIDEP) o la principal institución que financia actividades de ciencia, tecnología e innovación (Agencia I+D+i)[3]. De las citadas en estos ejemplos, salvo el INTA, las otras se podrían disolver si es que se aprueba esta ley tal cual se votó en diputados.
“Esto podría traer un posible mayor debilitamiento del sistema, reducción de las capacidades de las instituciones del conocimiento para contribuir con información y soluciones de base científica tanto al Estado como a los sectores productivos, menor potencialidad de las capacidades de innovación, posiblemente menor capacidad de impacto sobre la productividad de nuestra economía”, sostiene Campero.
Discrecionalidad
Para el ex funcionario “es probable que se vaya a potenciar la discrecionalidad, la falta de planificación, y que se estimulen la dispersión y la desarticulación en compartimentos estancos de las instituciones que queden en pie”.
“Las instituciones de CyT de Argentina necesitan muchos cambios. Algunas más, otras menos. Básicamente muchas de ellas fueron pensadas en momentos económicos muy distintos al actual, de la Argentina y el mundo. Nuestro país debería pensar bien esos cambios y llevarlos adelante. Principalmente para, de acuerdo a la característica de cada organismo, apuntar a mejorar la productividad de nuestra economía -con impacto en la capacidad de exportación, de generación de empleo, de creación de nuevas empresas, a anticipar los cambios tecnológicos-, y a hacer contribuciones relevantes en el avance del conocimiento. La aprobación de estos artículos de la ley, de este modo, no da ninguna certeza sobre los cambios ni brinda información sobre los mecanismos y los criterios que se van a utilizar para decidir el devenir del sistema, al menos en su diseño”, planteó Campero.
Sin facultades extraordinarias
Campero opinó, en este sentido que “el Congreso no debe darle al Presidente las facultades extraordinarias para esas modificaciones”. Sin embargo, destacó que parte de las decisiones actuales se deben a las gestiones del peronismo en Ciencia y Tecnología.
“El gobierno actual es un gobierno que está llevando al mínimo histórico el financiamiento del sector (además de que para el 2024 no hay presupuesto aprobado por el acuerdo entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza), que tampoco garantiza las partidas presupuestarias para el normal funcionamiento de las universidades nacionales, y que paralizó la continuación de proyectos de mayor relevancia científico tecnológica con la consecuente incertidumbre respecto a su desarrollo futuro. Al separar el CONICET de la Secretaría de innovación y ciencia, contribuyó todavía más a la dispersión y desorganización del sistema. Desde ya: a esto se le agrega las declaraciones en campaña del Presidente cuando afirmó que había que cerrar al CONICET, su desconocimiento cuando comparó al CONICET con la NASA, su intensa prédica contra la noción de calentamiento global y las acciones que los organismos internacionales y las naciones emprenden para enfrentarlo, y el convencimiento de algunos de los referentes de La Libertad Avanza de que la tierra es plana”, dijo Campero.
El artículo completo en: https://nuevospapeles.com/nota/asi-como-esta-la-ley-bases-es-inconveniente-para-la-ciencia-y-el-desarrollo-tecnologico/
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