El parlamento de Uruguay debate un proyecto gubernamental de impuesto a funcionarios públicos para el “Fondo Coronavirus” contra Covid-19 con la objeción de Frente Amplio por excluir a altos ingresos del sector privado.
Tal propuesta retoma una iniciativa consensuada al inicio de la emergencia sanitaria en marzo de 2020 para dos meses consecutivos, ahora con un menor gravamen y además gradual a la cuantía de salarios y jubilaciones, y también temporal.
La diferencia con el cobrado en 2020 es que se aplicará de forma similar al Impuesto a la Renta de las Personas y en consecuencia se espera que signifique una recaudación menor en 30 millones de dólares a la del año pasado.
Según diputados del gubernamental Partido Nacional el tributo afectará sólo a la empleomanía pública porque tiene la estabilidad laboral de la que carecen los privados, sujetos a inminentes despidos y reducción de horarios.
El socio oficialista Partido Colorado planteó inicialmente extender la medida a los salarios más altos de la actividad privada, pero fue descartado por el presidente Luis Lacalle Pou, por lo que el diputado Ope Pasquet de esa formación, explicó que cedía porque “la coalición tiene que estar unida”.
La bancada frenteamplista adelantó que votará el proyecto, y en opinión del legislador Eduardo Brenta el impuesto a públicos es “testimonial” porque se estima recaudará 13 millones de dólares y ?profundamente injusto? ya que deja fuera a quienes reciben sueldos de decenas de miles de dólares y bonos.
En el marco de este debate la fuerza política opositora presentará una propuesta para cobrar un adicional por única vez al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas, dirigido a las riquezas personales y no a las empresas.
Además resolvió presentar como “grave y urgente” el proyecto de ley del senador y exministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, el cual grava los depósitos de fortunas de uruguayos en el exterior.
