El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de México (el máximo organismos científico del país) dio a conocer el viernes su propuesta de nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
En el texto del proyecto de Ley General se privilegiará el financiamiento a investigaciones “orientadas a las soluciones de los problemas del país”. El mismo anteproyecto insiste en limitar los apoyos financieros a investigadores de universidades privadas.
Anteproyecto
El anteproyecto elimina la figura del anterior Foro Consultivo Científico y Tecnológico, donde participaban academia, gobiernos federal, estatales y sector privado. A cambio crea una oficina interna similar llamada Órgano Interno Consultivo, para fomentar la participación de los actores del ecosistema de investigación y desarrollo.
Los autores del anteproyecto plantearon que “la ley no regulará acciones de particulares que les generen algún costo de cumplimiento, más bien, sus destinatarios directos serán las autoridades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. La propuesta regulatoria no establece nuevas obligaciones, disposiciones o trámites por sí misma”.
México: Reclaman que CONACyT pague becas a investigadores en el extranjero
Existen grandes posibilidades de que esta iniciativa desemboque en Ley porque sería apoyada por la mayoría legislativa del Partido Morena. Anteriormente se presentaron dos propuestas de Ley elaboradas por la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia (Rednacecyt) y por la red ProCienciaMx, pero no fueron atendidas.
La situación parlamentaria
A pesar de que las Cámaras de Diputados y Senadores de México se impusieron a sí mismas aprobar una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación antes de que concluyera el año 2020, los legisladores de los grupos mayoritarios han evadido su responsabilidad y se han mantenido a la espera del anteproyecto de Ley que les arme el Poder Ejecutivo, a través de Conacyt. Los legisladores crearon y se autoimpusieron la tarea cuando aprobaron la Reforma al artículo 3 Constitucional, en mayo de 2019.
