La incorporación masiva de colectivos eléctricos podría ser a largo plazo una opción para reducir los costos del transporte público de pasajeros, además de su aporte para mitigar la contaminación ambiental y sonora en las principales localidades del país, de acuerdo con la evaluación de analistas del sector.
“No es una cuenta fácil de hacer, la tarifa de colectivos tiene tantas cargas de diferentes componentes con subsidios, gasoil, seguros, pero seguramente un bus eléctrico va a tener muchísimo menos costo de mantenimiento”, declaró al respecto a Télam el presidente de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (Aavea), Sergio Alvaro.
Ley de Electromovilidad
Precisamente, la entidad viene impulsando desde febrero la sanción en el Congreso de una ley de Electromovilidad que, entre otros puntos, apunta a la implementación de un transporte público de pasajeros sustentable y de esa manera ponerle fin a la paradoja de subsidiar un servicio abastecido por combustibles fósiles, a contramano de las tendencias internacionales de incentivar las energías renovables.
Con particular énfasis, Aavea lo planteó en la presentación del proyecto en el que cuestionó que se sigan “derrochando US$ 2.500 millones por año hace más de 20 años en subsidiar el ‘Titanic’ de los buses diésel ineficientes y contaminantes, mientras se hunde con nosotros adentro”.
Según la entidad, si se aprueba el proyecto, por el mismo monto que representan los subsidios al autotransporte de pasajeros “o hasta el 50% de ello, podríamos tener 50% más que hoy de producción y puestos de trabajo, exportaciones regionales y divisas de autopartes nacionales, cuota del mercado latinoamericano, integración vertical del valor del litio, etc”.
“Con el valor de los subsidios al gasoil se podría transformar la flota en eléctrica”, remarcó Alvaro, quien rescató la experiencia de otros países de América Latina y el riesgo de que la Argentina quede rezagada en la región por la falta en los últimos años de “políticas propicias”, así como la aplicación de “esfuerzos aislados” de algunos municipios que no llegan a conformar un esquema integral.
Transporte eléctrico
Las iniciativas para desarrollar un sistema de transporte eléctrico en la Argentina se remontan a 2019, con la presentación de unidades experimentales de la línea 59 del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la actualidad las provincias con mayor presencia de formaciones eléctricas son Mendoza y San Juan.
Precisamente, del otro lado de la cordillera de los Andes, Chile es uno de los países de la región que presenta el mayor nivel de desarrollo del transporte público de pasajeros 100% eléctrico.
Rodrigo Salcedo, presidente de la AVEC (Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile) señaló a Télam que en la actualidad, sobre un total de 6.500 buses en circulación en la Región Metropolitana (Santiago y área de influencia, unos 15.400 km2) 2.200 son eléctricos, pero que en el curso de 2024 “ya hay una licitación activa” para incorporar 1.200 más en reemplazo de los alimentados a combustión interna, con lo que los buses eléctricos pasarán a ser la mayoría.
“Ya tenemos buses eléctricos que cumplieron cinco años y las baterías, a pesar de haber pasado el período de garantía, no han tenido degradación”, destacó, además de resaltar las mejoras tecnológicas, ambientales y de condiciones de trabajo.
Al respecto, aseguró que “manejar un bus eléctrico es una maravilla, mucho más seguro en la conducción y en el monitoreo, con un mejor control en el desgaste de repuestos”, aunque también advirtió que la cantidad de unidades “es lo de menos” si no se cuenta con la infraestructura adecuada.
Equipos de recarga
Eso lleva a uno de los temas pendientes de resolución en la Argentina como el de los equipos de recarga, indispensables para el transporte público (no tanto para el particular, que puede recurrir a la carga domiciliaria), debido a que aún no se cuenta con una normativa que determine cómo y quién factura el servicio.
En ese sentido, Alvaro remarcó que el proyecto de ley no es sólo de “vehículos eléctricos” sino de “electromovilidad”, ya que abarca, además de los incentivos a la fabricación y comercialización de automotores, el desarrollo de una red de equipos de recarga de alta potencia en todo el país, así como con las baterías de litio.
“Estamos buscando conectarnos con el gobierno para trabajar con él y con diputados y senadores en todo lo que está contenido en la ley”, planteó, admitiendo la dificultad de llevar a cabo esos encuentros ante la falta de definiciones en los primeros días de gestión del gobierno.
Al respecto, señaló los problemas para “encontrar un interlocutor” que concentre todas las temáticas, ya que los diferentes aspectos de la electromovilidad pasarían a ser asunto de tres ministerios diferentes: Energía en Economía, Transporte en Infraestructura y Ambiente en Interior.
Testimonios: Marcelo Btiz, para Télam.
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