El presidente de CONINAGRO, Elbio Laucirica, detalló la presentación formal de una denuncia en contra de la reciente ley aprobada por la Legislatura misionera. En esta denuncia, argumentan que la ley no beneficia a los productores y que no ha sido adecuadamente probada ni aprobada, por lo que defienden la continuidad del uso de glifosato como la mejor opción.
En las últimas semanas, se ha revelado que la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), compuesta por la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y CONINAGRO, ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad de la Ley VIII-103 de la Provincia de Misiones, que prohíbe el uso de glifosato en todo el territorio provincial.
Elbio Laucirica, presidente de CONINAGRO, expresó en una entrevista en FM de las Misiones, su opinión sobre esta denuncia presentada por la Mesa de Enlace, enfatizando que consideran inconstitucional el procedimiento impulsado por la legislatura misionera.
Bioinsumos
Cuando se le preguntó si el problema se relaciona con la Ley de Bioinsumos o con la prohibición del glifosato, Laucirica señaló: «La Ley de Bioinsumos conduce a la prohibición del glifosato, no debemos confundirnos. Cuando haya bioinsumos debidamente probados y aprobados, seguramente podremos considerar su implementación en otras actividades de producción».
Además, agregó: «Mientras no exista una tecnología mucho más ventajosa que la que ofrece actualmente la siembra directa y el glifosato como producto que lo posibilita, y que cuenta con todas las aprobaciones del SENASA, no debemos descartarlo. Además, no se han tenido en cuenta todos los beneficios que hemos obtenido en la producción agropecuaria a través de la aplicación de este producto».
Entre los beneficios mencionados por el representante de CONINAGRO se incluye una menor erosión del suelo, una economización del agua y un menor consumo de combustibles fósiles en los métodos actuales que utilizan glifosato.
¿El fin justifica los medios?
Laucirica también destacó el impacto que esta medida tendría en la cadena productiva de la provincia y afirmó: «En Misiones, creo que el impacto es muy significativo según lo que me han transmitido los productores. Utilizan el glifosato a diario para combatir las malezas y así lograr una producción aceptable que genere riqueza y alimentos».
Sostiene que esta ley no solo afecta a los productores locales, sino que también desconoce las iniciativas a nivel nacional para promover las buenas prácticas agrícolas y la preservación de los recursos naturales. En este contexto, explicó que esta es una de las razones por las que la Mesa de Enlace recurrió a la Corte Suprema para que evalúe la constitucionalidad de esta medida.
«Es una ley impuesta por la legislatura de Misiones y causa los perjuicios que he enumerado, pero no respeta las regulaciones y derechos constitucionales que mencionamos en el comunicado», declaró Laucirica.
Todos los privados, en contra
El presidente de CONINAGRO reveló que antes de que se aprobara esta ley, las entidades agrícolas habían estado discutiendo el tema con los productores debido a sus preocupaciones. «Dado que no se tuvieron en cuenta nuestras gestiones, en conjunto con las demás entidades de la Mesa de Enlace, como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria, CONINAGRO y la Sociedad Rural Argentina, presentamos una solicitud a la Corte Suprema para que decida sobre la inconstitucionalidad de esta ley propuesta por el gobierno misionero», subrayó.
En cuanto a futuras medidas, Laucirica se mostró cauteloso y afirmó que evaluarán cómo se desarrolla la situación en la justicia antes de tomar decisiones adicionales.
Finalmente, se refirió a las restricciones que esta medida podría imponer al sector productivo de Misiones, especialmente en lo que respecta a la exportación. También mencionó que el sector del té ha sido advertido por el mercado estadounidense de que no podrán acceder a dicho mercado si utilizan estos bioinsumos. Aunque no estaba al tanto de otros casos, señaló que en el sector forestal existen muchas limitaciones y regulaciones que podrían afectar el acceso a ciertos mercados, especialmente en la zona del chaco argentino-paraguayo.
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