En medio de la disputa judicial, política y del sector productivo que mantiene enfrentados a actores del agro en la provincia de Entre Ríos por el uso de herbicidas en la cercanías a establecimientos educativos, un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA y del INTA midió la presencia de glifosato en las partículas que desde la atmósfera se depositan en el suelo del Municipio de Oro Verde.
El Servicio de Prensa y Divulgación Científica y Tecnológica, denominado Sobre La Tierra, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires publicó un preocupante estudio en el que asegura que existe presencia de glifosato en las partículas que desde la atmósfera se depositan en el suelo del Municipio de Oro Verde, localidad de Entre Ríos.
“Investigadores del INTA Paraná y de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) analizaron la presencia del herbicida glifosato en las partículas de la atmósfera que se depositan en la superficie del municipio de Oro Verde, Entre Ríos. Lo detectaron en el campo y en el casco urbano, incluso en períodos en los que se considera poco probable que se lo aplique en campos agrícolas de la zona”, detalla el artículo.
Mariela Seehaus, investigadora del INTA Paraná y Magister Scientiae en Desarrollo Rural en la Escuela para Graduados -Ing. Agrónomo Alberto Soriano- (EPG-FAUBA) detalló que “como en muchas localidades del país, hace algunos años, el municipio de Oro Verde comenzó a crecer y la frontera entre el área rural y la urbana se volvió difusa. Esta situación aumentó la preocupación social por los impactos de la producción agrícola. Puntualmente, los habitantes se enfocaron en los posibles efectos negativos de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente”.
Seehaus contó además que “entre los años 2012 y 2013, los vecinos de Oro Verde realizaron movilizaciones que salieron en medios locales, provinciales y hasta en documentales. Estos reclamos derivaron en la sanción de una ordenanza municipal en el 2014 para regular el uso de agroquímicos. Se prohibieron las aplicaciones aéreas en el ejido de la localidad y se definieron distancias de restricción para las aplicaciones terrestres”.
“Si bien la legislación abordó el conflicto, no resolvió los problemas. En mi trabajo de maestría relevé de qué manera la población local percibía el conflicto. También busqué determinar, como una medida indirecta de la calidad del aire, la depositación de glifosato desde la atmósfera hacia la superficie terrestre”, aseguró la investigadora a SLT-FAUBA.
La metodología de la investigación de Seehaus fue la siguiente: realizó un monitoreo de glifosato y de AMPA (el principal producto de degradación del herbicida), en 15 puntos de Oro Verde distribuidos en zonas urbanas, en barrios periurbanos y en las cercanías de lotes agrícolas.
Alta presencia de glifosato
Las fechas de muestreo fueron tres: dos en las que se usa el agroquímico en la región y una que se consideró libre de aplicación en cultivos de granos. Los resultados revelaron la presencia de uno o ambos compuestos en más del 60% de los puntos, en los tres momentos de medición y en las tres áreas mencionadas.
Seehaus concluyó su análisis sobre los resultados obtenidos reflexionando: ?Estos resultados nos llevan a indagar qué otros factores influyen sobre la dinámica del glifosato y el AMPA en la atmósfera, además de la cercanía a los campos agrícolas o las fechas de aplicación en cultivos de granos”.
“Nuestro trabajo representó un aporte valioso a los escasos estudios sobre herbicidas en la atmósfera que existen a nivel nacional e internacional y, a su vez, nos permitió vincular las mediciones realizadas con la preocupación de los habitantes sobre la contaminación del aire?.
El decreto de la polémica
El Gobierno de la provincia de Entre Ríos, a cargo de Gustavo Bordet, emitió un decreto, el primero de agosto, que revirtió momentáneamente la decisión de la Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STER) que impedía realizar fumigaciones con agrotóxicos a menos de mil metros de cualquier establecimiento educativo.
La determinación judicial tuvo el rechazo de los poderosos sectores del agro provincial, desde la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Federación Agraria (FAA) y la Sociedad Rural (SRA), quienes reclamaron que la decisión impactaba negativamente en “el desarrollo productivo” de la provincia.
Es más, el propio presidente Mauricio Macri cuestionó la medida judicial asegurando que era carente de fundamento científico y que perjudicaba a la producción de la provincia.
Finalmente el gobernador Gustavo Bordet, firmó el decreto 2239/29 el 1 de agosto, que suspendió la determinación judicial y volvió hacia atrás la situación.
De mil, a cien metros
La normativa provincial prohíbe el uso de pulverizadoras no registradas, pero, además, los tratamientos deberán notificarse con 48 horas de anticipación a la autoridad de aplicación.
Sin embargo, la polémica devino por el límite de exclusión que podrá fumigarse hasta 100 metros de distancia de establecimientos educativos, no se podrá aplicar ningún producto en forma terrestre y de 0 a 500 metros no podrán usar ningún producto en forma aérea.
