Hoy, y como cada 22 de noviembre es celebrado el Día de la Gratuidad Universitaria, en este año en medio, nuevamente, de rumores de arancelamiento e implementación de vouchers, por parte del gobierno electo de Javier Milei.
El decreto 29.337, firmado en 1949 por el entonces presidente y general Juan Domingo Perón, establece el acceso gratuito a las universidades nacionales. Como resultado de esta sanción, la matrícula estudiantil aumentó de manera exponencial con el paso de los años: de 66.212 estudiantes en 1949 creció a 135.891 en 1954.
Un año después, a través del Decreto Presidencial N° 29337, el Gobierno estableció la gratuidad de todas las universidades públicas del país y el compromiso gubernamental para su financiamiento. Además le otorgó carácter institucional a la autonomía universitaria planteada décadas atrás por los reformistas. Sin embargo, la gratuidad constituyó un principio en disputa, ya que fue anulado en los gobiernos de facto para ser recuperado de manera definitiva con la apertura democrática de 1983 y reforzado con su estatus constitucional en 1994, que permanece vigente hasta nuestros días, en los que, además, hay incluidos sistemas de becas para que los sectores más desfavorecidos también puedan acceder a sus aulas.
“El arancelamiento sería una situación en la que el Estado abandona el criterio de gratuidad que tiene fundamentos legales. Está garantizada desde el punto de vista legal y constitucional”
Carlos Greco, presidente del CIN
Antes eran aranceladas
Antes de esa legislación, todas las universidades argentinas (Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata, Tucumán y Del Litoral) eran públicas y aranceladas. En ese sentido, el Primer Plan Quinquenal Justicialista (1947-1951) planteó que el Estado instauraría la gratuidad de la universidad para los estudiantes de bajos ingresos.
El primer paso de este proyecto había sido la creación de la Universidad Obrera Nacional en 1948, luego convertida en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La intención era servir como instituto superior de formación técnica y formar profesionalmente a la clase trabajadora y favorecer su movilidad social.
Periferia dialogó con Carlos Greco, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) quien aseguró que “el arancelamiento sería una situación en la que el Estado abandona el criterio de gratuidad que tiene fundamentos legales. Pero la gratuidad está garantizada desde el punto de vista legal, tanto desde el punto de vista constitucional, prevista en el artículo 75, inciso 19 dado que el Congreso debe legislar garantizando la gratuidad, la equidad y la igualdad de oportunidades de la Educación y en particular la autonomía y la autarquía de las universidades. Luego están la Ley de Educación Superior, que lo plantea taxativamente. Además están la Ley 27.204 y la Ley de Financiamiento Educativo. Todas de manera explícita plantean la gratuidad universitaria y el libre acceso”.
El voucher, que propone Javier Milei implica cambiar el mecanismo por el cual se financia la Educación superior, pasando de la oferta a la demanda, en lugar de financiar las instituciones, el mecanismo financia la oferta la demanda. “Hay muy pocos países que lo aplican y como sistema fracasó, como sistema y como resultado, además sería casi imposible implementar en Argentina”, dijo Greco, en diálogo con Periferia.
Declaración de 1949
«Hoy, 22 de noviembre, se celebramos en nuestro país un nuevo aniversario del Decreto de Gratuidad Universitaria.
En el año 1949 el entonces Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, firmó y promulgó el Decreto 29.337, permitiendo así el acceso a la educación universitaria desde todos los sectores de la sociedad. Hace 74 años esta medida impactó en la enseñanza superior de nuestro país permitiendo por primera vez el acceso de diferentes sectores de la población a todas las universidades sin distinción de clases. Las Universidades Nacionales suprimieron sus aranceles, brindando así acceso a la cultura, la educación superior y la formación profesional universitaria a millones de argentinos y argentinas.»
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