El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador declaró “estratégico” al litio, y blindó el control del mineral en México emulando a lo realizado con el petróleo. Así lo plantea la iniciativa de reforma energética que el presidente ha impulsado para su aprobación en el Congreso y que dependerá de la negociación con el PRI, el partido en la oposición.
De esta manera, México se suma a la estrategia de Bolivia y Chile, dos países de la región que, con un perfil ideológico y político antagónico, ven en el Estado Nacional a un actor clave de cara a la importancia estratégica que tendrá el mineral para la región en las próximas décadas.
A diferencia de esos países, Argentina se mostró proclive a abrirle el juego a las empresas multinacionales y que sigan extrayendo el mineral a bajísimo costo, pero con beneficios directos y rápidos para las provincias del NOA.
Es que, a pesar que hubo proyectos para declarar “estratégico” al mineral, no avanzaron por la postura del propio gobierno nacional y de las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca.
En México, si
En México, sin embargo, irán por la administración pública del mineral para industrializarlo. Así, por debajo de la reforma energética, con rango constitucional, quedarían otras normas como la Ley Minera, más ventajosa para las empresas privadas. “Tenemos que proteger este mineral codiciado. Es de la nación, no [podemos] permitir que pase a manos de corporaciones o de poderes hegemónicos”, afirmó López Obrador el 13 de octubre en su conferencia matutina. Con estas palabras el mandatario hacía suyo el entusiasmo de varios funcionarios de su Gobierno, quienes se han aventurado en los últimos meses a llamar al litio “el petróleo del futuro” y “el oro blanco”.
Este mineral ligero, que arde al entrar en contacto con el agua, es utilizado en el sector de la electromovilidad, las baterías de equipos electrónicos, los sistemas de almacenamiento de energía, los medicamentos antidepresivos e incluso en la industria nuclear. De acuerdo con el Gobierno de Chile, líder regional en la producción de litio, la demanda en el mundo crecerá 80% para 2030 y México no quiere faltar a la fiesta.
Menos aún, después de que hace tres años la empresa anglocanadiense Bacanora Minerals encontrara el yacimiento de litio más grande del mundo en el pueblo de Bacadéhuachi, Sonora, al norte del país. La concesión equivalente a 100.000 campos de fútbol contiene reservas probables de 243 millones de toneladas de minerales en rocas y arcillas. El hallazgo no tardó en acaparar los titulares de la prensa y las acciones de Bacanora, que había conseguido una concesión por 50 años se dispararon.
Ante este panorama y amparado en la soberanía energética, el Gobierno mexicano ha decidido blindarse respecto al litio, antes incluso de tener un cálculo aproximado de la cantidad de mineral que posee su territorio. “Un punto importante es lo que aparece en los transitorios: todos los contratos previos los van a respetar en los términos en los que fueron acordados, pero la parte futura es la más importante que es lo que queda cubierto para el Estado mexicano”, señala Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC.
La iniciativa de reforma plantea que el Gobierno dejará de entregar nuevas concesiones para explotar litio. Adicional, el texto señala que se respetarán aquellas en las que “existen antecedentes de exploración avalados por la Secretaría de Economía”, pero deja en suspenso qué sucederá con las concesiones en manos de pequeñas empresas (principalmente canadienses) que a día de hoy no han comenzado su fase de exploración. “Tampoco es conveniente ser el único operador privado cuando el otro es el Estado”, señala un experto en el sector energético que prefiere mantener el anonimato. “Todo el mundo está preocupado por la reforma eléctrica en el mundo empresarial”, apunta.
Actualmente en México hay 36 concesiones para explotar litio en el país de las que solo están activas 27, controladas por tres empresas extranjeras, entre ellas Gangfeng, de acuerdo con el informe realizado por las organizaciones GeoComunes, Red de Afectados por la Minería y MiningWatch Canada. El yacimiento de Sonora es el proyecto más avanzado que existe en el país. Sus impulsores calculan que su nueva planta comenzará a operar en 2023 y la producción durante el primer año alcanzará las 17.000 toneladas, cifra que llegará a las 35.000 toneladas los años siguientes y que requerirá de 2.000 millones de dólares en total para llevarla a cabo. “Creo que el Gobierno está limitando las condiciones en las que la exploración se estaba llevando a cabo, con la idea de conseguir un beneficio mayor para sí mismo”, puntualiza Martín Obaya, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín.
