Esta semana, el titular de la Agencia de Desarrollo de Inversiones (ADI-NQN), José Brillo, habló sobre el desarrollo de la Electromovilidad en Neuquén y señaló que la provincia presentó “un plan superador” al del Gobierno nacional.
“La provincia fue más allá y presentó un proyecto en el Congreso, a cargo de la diputada Alma Sapag. Esta propuesta es muy importante porque es superadora a la que anunció el Gobierno nacional”, dijo José Brillo, titular de ADI-NQN.
Durante una conferencia de prensa realizada junto al gobernador Omar Gutiérrez y al jefe de Gabinete, Sebastián González, la autoridad del organismo explicó que Neuquén “ha avanzado en su esquema provincial de electromovilidad, a partir del cual se planteó el diagrama de cargadores de todo el territorio, con un total de 17 equipos que ya están adquiridos para ser instalados en el corredor petrolero y otro corredor sobre la ruta de los siete lagos”.
De acuerdo a información oficial, el Gobierno neuquino, a través de sus legisladores, presentó dos proyectos de ley en la Legislatura provincial y en el Congreso de la Nación, respectivamente, con el objetivo de definir un marco para promover la movilidad eléctrica en la región.
La normativa de la provincia propone un Plan de Electromovilidad que prevé la conformación de corredores dotados de cargadores eléctricos que conectan las regiones turísticas, las productivas e incorpora también las zonas petroleras.
“Neuquén fue más allá y presentó un proyecto en el Congreso Nacional, a cargo de la diputada Alma Sapag. Esta propuesta es muy importante porque es superadora a la que anunció el Gobierno nacional”, dijo Brillo.
Según informó el titular de ADI-NQN, “la medida estima un plazo de tiempo hasta 2050 para que dejen de comercializarse los autos a combustión y de esta manera, le da 30 años al desarrollo del gas y el petróleo”.
“Neuquén tiene cerca de 1.000 MW para poder ofrecer, casi un Chocón de energía renovable que estamos en condiciones de poder ofrecer al sector privado”, agregó.
La movilidad eléctrica fue promovida por las naciones que integran el Acuerdo de París y busca impulsar la utilización de combustibles limpios como el amoníaco y el hidrógeno. Sin embargo, su implementación requiere del establecimiento de normas y disposiciones reglamentarias que brinden condiciones en materia impositiva, tanto a nivel provincial como nacional.