Por medio de una carta abierta, investigadoras/es del CONICET e integrantes del grupo Estudios sobre Territorios, Poder y Ecologías desde el Sur (ESTEPES) reclamaron que Parques Nacionales, el Instituto de Nivología y Glaciología (IANIGLA-CONICET) el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y al Poder Ejecutivo “brinden información certera al Corte Suprema, sobre el impacto ambiental de las represas en el Río Santa Cruz”, ubicadas en la provincia de Santa Cruz.
Es en respuesta al llamado que realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación para expedirse sobre cuestiones relacionadas con la implementación y el avance de las obras de los Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (AHRSC).
Se trata de las obras sobre dos mega-represas que buscan incrementar la capacidad del sistema eléctrico nacional en aproximadamente un 4%. Hoy, con 10,790 MW de potencia instalada, la tecnología hidroeléctrica representa el 30% de la energía total que se produce en el país, y estas obras buscan incrementar esa capacidad.
Sin embargo, el Grupo ESTEPES y los investigadores del CONICET afirman que las iniciativas tienen “debilidades de gran magnitud, denunciadas por variados sectores sociales, tanto en aspectos técnicos, económicos, políticos, sociales como ambientales”.
“Los AHRSC destruyen una de las mayores cuencas hídricas del país, siendo ésta singular por ser netamente glaciaria (sus fuentes son los grandes glaciares patagónicos) y por ser un elemento troncal del ecosistema y las sociedades patagónicas australes”, explican en el documento.
“Como investigadoras/es del CONICET e integrantes del grupo Estudios sobre Territorios, Poder y Ecologías desde el Sur (ESTEPES) queremos hacer un llamado a la responsabilidad y compromiso ético de los/las profesionales que integran las instituciones interpeladas en la elaboración de sus informes”, reclaman los científicos y científicas.
Parques Nacionales
El reclamo a Parques Nacionales tiene que ver con que tanto las nacientes como la desembocadura del río Santa Cruz se ubican dentro Parques Nacionales, por lo que afirman que el organismo no puede desconocer la importancia ambiental del Río Santa Cruz.
Ambos parques “basan su riqueza en el patrimonio hidrológico”, afirma el documento al referirse a los glaciares y lagos del Parque Nacional Los Glaciares (con el glaciar Perito Moreno, Patrimonio Mundial de la Humanidad), y el estuario del río en el Parque Nacional Monte León (hogar de múltiples especies animales de gran valor biológico).
“¿Cómo sería posible considerar que dos mega represas que predestinan a la desaparición al río que vincula a estos Parques Nacionales, no los afecte negativamente?”, se preguntan en el informe
IANIGLA-CONICET
Al tratarse de zona glaciaria, la Corte Suprema también pidió que el IANIGLA (CONICET-Mendoza) se expida sobre estas obras. “Es de público conocimiento que el IANIGLA y otros importantes glaciólogos del ámbito nacional e internacional han expuesto algunos factores preocupantes en lo relativo a los AHRSC”, afirman en el documento.
Entre los puntos que destacan en el informe afirman que “la diferencia entre los niveles embalsados y naturales es apenas decimétrica” por lo que hay un acople entre el embalse y el lago; que los procesos naturales a la escala de estudio no son predecibles con precisión; que los cambios menores en el nivel del lago pueden afectar masivamente a los glaciares; que no hay un conocimiento suficientemente profundo del ámbito glaciario de la región; que el EsIA no ha contemplado debidamente el ambiente glaciario de la región y no hay una línea de base de la cuestión glaciología; que no ha sido debidamente considerado el contexto de calentamiento global; y que el río Santa Cruz es un gran río de matriz netamente glaciaria, lo que lo hace casi único a escala global y le otorga por ello un interés singular desde el ámbito de la glaciología.
El INPRES
En tercer lugar, la Corte requiere de los aportes del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) “para conocer el contexto sismográfico asociado al proyecto”.
“El INPRES ha reconocido públicamente en fechas recientes la existencia de la actividad sísmica inducida por actividades antrópicas. La ocurrencia de sismos por la acción humana es innegable (y el llenado de embalses es la tercera causa) y extensamente corroborada en la literatura científica. Vistos los antecedentes académicos y los particulares de la zona, es innegable la posibilidad de ocurrencia de sismos en la región por el llenado de los embalses”, aseguran en el documento.
Por eso piden que, para tener mayor claridad sobre el estado de avance de las obras luego de un importante incidente ocurrido entre octubre y noviembre de 2019 en el que la ladera donde se debía asentar el muro de la represa Condor-Cliff sufrió una fuerte fractura y desplazamiento.
“Ocultamiento de información”
Los autores del documento denuncian “ocultamiento de información al respecto” y “malas condiciones geotécnicas para la implementación de las infraestructuras sobre el terreno”.
Además, denunciaron “incongruencia que supone la realización del proyecto de la línea de extra alta tensión (LEAT) que debe transportar la energía generada por las represas de modo independiente al propio proyecto, dado que atenta contra la Ley General de Ambiente”.
Finalmente, expresan “preocupación por la ambigüedad en el tratamiento de los valores de las cotas topográficas en el proyecto”.
Con este documento piden “no subestimar una vez más la crisis ambiental. No es un eslogan político, sino una verdad científica, hemos llegado al umbral del colapso ambiental, y no podemos permitirnos dar más pasos en falso”.
