“Es un lugar común en la literatura académica especializada afirmar que hoy existe un neo-extractivismo progresista donde el Estado impone controles más rigurosos” sobre sus recursos naturales, afirma Sebastián Gómez Lende, en su avance de investigación “¿Del extractivismo neoliberal al (neo)extractivismo progresista?”.
Gómez Lende, investigador del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGHCS) del CONICET, viene presentando una serie de estudios de caso en los que cuestiona que Latinoamérica atraviese un proceso donde existe “menor peso relativo del capital privado extranjero” sobre la explotación de los recursos de la tierra, el aire y las aguas del continente.
Esta idea, afirma Lende, aparece de la mano de otra, y es que el Estado, a través de leyes, aumento de tributos, creación de empresas públicas e imposición de derechos de exportación, estaría imponiendo controles más rigurosos a la explotación de su naturaleza.
En sus trabajos, Gómez Lende sostiene la tesis de que los Estados nacionales siguen favoreciendo la “depredación” clásica de sus recursos por parte de los países desarrollados, y somete al análisis los casos de la producción de hidrocarburos, la pesca, la minería metalífera y el “agronegocio”.
Periferia entrevistó a Sebastián Gómez Lende, quien publicó uno de sus últimos artículos, este año, en la revista “Sociedad y Economía” de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, y en la revista “Acta Geográfica”, de la Universidad Federal de Roraima, en Brasil.
-¿Que es el extractivismo y como se relaciona con el neoliberalismo?
S.G.L: La idea de extractivismo tiene que ver con el énfasis en la explotación de recursos naturales que en muchos casos no son renovables y que generalmente tienen como objetivo alimentar la reproducción ampliada del capital en los países desarrollados, el centro del sistema, en función de la división internacional del trabajo.
-Extractivismo y Deuda Externa
S.G.L: Hay una aceptación acrítica de esta función que unilateralmente se nos asigna como latinoamericanos desde la división internacional del trabajo, pero está, además, muy vinculada a otra cuestión que es la deuda externa porque todo el proceso de entrega de soberanía en materia de recursos naturales está viabilizado por las presiones que vienen del pago y refinanciación de los compromisos externos.
-Extractivismo y Neoliberalismo
S.G.L: El neoliberalismo también se relaciona con la explotación intensiva de los recursos naturales en dos sentidos: uno, porque fue la doctrina económica que viabilizó todo el conjunto de privatizaciones en la Argentina y el continente, y en otro porque instrumentó la reprimarización de la matriz productiva.
-¿Cual es el cuestionamiento que observas en la idea de “extractivismo neoprogresista” y en qué consiste esa categoría?
S.G.L: El cuestionamiento es a la idea de un “giro postneoliberal” que supuestamente vivió América latina, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que habría determinado que lo que antes era un extractivismo de cuño neoliberal, ahora sería el Estado el que lo lleva las riendas del modelo y/o el que capta una parte sustantiva del excedente generado. Hay un tratamiento muy liviano de la categoría neoextractivismo, porque, por ejemplo, en la Argentina se observa que lo teórico no se ajusta a la realidad empírica.
-El extractivismo en Argentina
S.G.L: Lo que primero se ve en nuestro país es grandes heterogeneidades entre un sector y el otro en cuanto al papel que desempeña el Estado, pero además no se ve ese papel hegemónico del Estado subordinando a las corporaciones transnacionales y apropiándose de una parte sustantiva de la renta. Lo que uno ve es que el Estado aparece más como legitimador del modelo, pero no para redistribuir y favorecer la movilidad social ascendente. En todos los otros sectores, salvo el agronegocio, el Estado aparece como una fachada para, en vez de limitar favorecer aún más la presencia del capital transnacional.
-¿Cuáles son los principales actores del extractivismo en nuestro país?
S.G.L: En Argentina hay que hacer referencia al agronegocio sojero (esta “agricultura sin agricultores”), el modelo hidrocarburífero, la mega-minería metalífera, la pesca y la industria forestal. Usualmente el extractivismo, como definición, estuvo limitado a los sectores basados en la explotación intensiva de recursos naturales que no son renovables o lo son en una escala de tiempo no compatible con la tasa demográfica y la tasa de acumulación del capital. Ahora en casos como el de la agricultura o la pesca, donde en teoría se están explotando recursos renovables, sin embargo, lo que se ve es que la tasa de renovación del recurso está muy por debajo de su tasa de explotación. Esto quiere decir que el modelo de acumulación de dió con tanta intensidad que aquello que era renovable hoy ya no lo es.
¿Es comparable la forma de implementar el extractivismo en América latina con el caso de África, por ejemplo?
S.G.L: En algunos puntos si y en otros no. La diferencia más radical quizás es que el grado de conflictividad en África es muchísimo mayor, porque estamos hablando de empresas transnacionales que aprovechan las diferencias que existen entre los Estados o dentro de los Estados, las guerras tribales, por ejemplo, para facilitar sus propios intereses. Quizás África no sería tan comparable con el caso de Argentina pero si con el conflicto entre guerrillas, narcotráfico y los paramilitares en Colombia; o México donde la conflictividad es todavía mayor porque la población queda rehén entre grupos armados financiados por las grandes corporaciones.
¿A qué se denomina prácticas predatorias y dónde se identifican en Argentina y América latina?
S.G.L: Las prácticas predatorias tiene relación con la acumulación por desposesión, por privatización y mercantilización de bienes comunes que por regla general están mediadas por la economía de ‘rapiña o saqueo’. El saqueo puede tener muchas dimensiones, por ejemplo en el caso del modelo hidrocarburífero, debido a la gran cantidad de subsidios que recibe del Estado una de las industrias más rentables del planeta. Eso afecta a los contribuyentes, a favor de las corporaciones. Esas formas de prácticas predatorias también se pueden ver en temas como el ambiental, con el consumo de agua que hacen las empresas megamineras. Eso tiene que ver con expropiar acuíferos, desviar nacientes de ríos y todo lo que tiene que ver con expropiar un recurso de uso común de la población para favorecer su propia dinámica de acumulación.
¿Cómo es la ingeniería legislativa para prevenir estas prácticas en América latina?
S.G.L: Absolutamente inexistente. Hay un gran vacío que está deliberadamente generado por las políticas públicas que se desarrollaron a lo largo de la década del ’90 y que se fueron continuando y expandiendo hasta la actualidad y que tiene que ver con la producción política de rentabilidad. Esto es, la generación deliberada de vacíos jurídicos que permiten una mercantilización que no es ilegal pero tampoco está contemplada por la Ley. Por ejemplo, las cifras de consumo de agua que tienen las empresas megamineras en San Juan y en Catamarca no existen porque ni siquiera tienen caudalimetros para medirlas. Lo mismo pasa con la minería y la pesca donde no se conocen cifras o volúmenes reales de producción, las toneladas de concentrados minerales (y de qué minerales) se van del país. En 2016, la Auditoría General de la Nación descubrió que en determinados buques pesqueros la diferencia entre lo que declaraban y lo que realmente se desembarcaba era de entre el 15% y el 700% (setecientos por ciento). En el caso de la minería, por ejemplo cuando ocurrieron los derrames en la Alumbrera, Catamarca, en un estudio del concentrado derramado, encontraron que tenían muchísimos más minerales de los declarados, por los cuales no pagan regalías. Se trata de minerales radiactivos y “tierras raras” muy cotizados por la industria tecnológica globalizada. Todo esto ocurre porque el sistema de fiscalización del Estado simplemente se basa en las declaraciones juradas de las empresas.
¿Encontrás un fundamento geopolítico en estas prácticas?
S.G.L: Desde ya. Lo dijo el propio presidente de la Nación: ‘tenemos que ser el supermercado del mundo”. Es una aceptación bastante acrítica de la función que nos impone la división internacional del trabajo. Si bien Argentina nació siendo extractivista, uno nota que desde los ’90 para acá esa función se ha afianzado, expandido y ha recrudecido.
Sebastián es Doctor en Geografía por la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca); asimismo realizó sus estudios de Profesorado y Licenciatura en Geografía en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil); Es Investigador Adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), desarrollando sus actividades en el marco del Centro de Investigaciones Geográficas (CIG), perteneciente al Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS). Sus líneas de investigación en desarrollo abarcan diversos temas, entre los cuales sobresalen economías regionales y circuitos productivos, redes, desigualdades regionales, agricultura y agroindustria, minería, sistema urbano y problemáticas socio-ambientales de la Argentina. También realiza actividades de docencia, siendo Ayudante Diplomado de las cátedras Geografía Socioeconómica Argentina y Geografía Regional Argentina (Facultad de Ciencias Humanas, UNCPBA)
Entrevista: Eduardo Porto @PortoEdu
