El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a ir tras la Ley de Financiamiento Universitario al plantear que su aplicación solo sería posible mediante una suba impositiva que terminaría impactando sobre los precios y los salarios, una postura que utilizó para justificar la negativa del Gobierno a destinar mayores recursos al sistema de educación superior.
En diálogo con LN+ aseguró que que mejorar los salarios de los docentes podría generar un “efecto cascada” y obligar a extender los aumentos a otros sectores, como el de los médicos.
Ya anteriormente el funcionario sostuvo que la iniciativa aprobada por el Congreso presenta “un problema de origen” porque “el Congreso no puede emitir una ley sin decir de donde viene la plata”. Para reforzar ese argumento, Sturzenegger planteó un escenario hipotético basado en una suba del IVA. “Si hubiéramos dicho que subíamos el IVA un punto y medio y listo. Hay que generar los recursos. Ese gasto hay que financiarlo”, señaló.
En una entrevista anterior, fue más allá: “Subanle el IVA un punto y medio y se acabó la historia, ahora tendrán que decirle a la sociedad todo lo que van a comprar va a salir un punto y medio más, les va a bajar el salario un punto y medio más”, amenazó.
El argumento insólito de Sturzenegger
Por su parte aseguró que “si les aumentamos a las universidades después tenemos que aumentarles a los residentes, a los médicos, es un efecto cascada”.
El funcionario también se refirió a la situación judicial de la norma y sostuvo que el Gobierno encuentra respaldo en las resoluciones que frenaron su implementación. “La justicia nos dice que no paguemos”, afirmó.
Sin embargo, los números del debate muestran otra dimensión del conflicto. Mientras las universidades estiman que necesitan alrededor de 11 billones de pesos para garantizar su funcionamiento, el presupuesto previsto para 2027 ronda los 7,3 billones.
Además, distintos sectores académicos remarcan que el Estado resignó recientemente ingresos millonarios mediante beneficios otorgados a grandes grupos exportadores, recursos que, sostienen, habrían permitido afrontar una parte significativa de las necesidades presupuestarias del sistema universitario.
