La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió de manera provisoria la aplicación de multas al Gobierno a partir de la judicialización de la actualización de los salarios docentes y no docentes universitarios.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick había impuesto este miércoles una multa de 100 mil pesos por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el “incumplimiento verificado” de la medida cautelar que ordenó actualizar salarios universitarios, además de garantizar el fondo para becas en base a los parámetros que establece la Ley de Financiamiento Universitario.
El 22 de septimbre el mismo magistrado le había dado un plazo de cinco días al Gobierno para que aplicara de manera efectiva la Ley bajo apercibimiento de astreintes.
La medida efectivizada ayer duró poco. Las autoridades legales del Ministerio de Capital Humano de la Nación presentaron esta mañana un escrito que fue aceptado por la Sala III del Contencioso Administrativo.
Apelación a la pena por incumplir el financiamiento universitario
La apelación a esa resolución se sostuvo en que la cautelar “ya se encontraba íntegramente cumplida”, por lo que la Cámara ordenó al juzgado de primera instancia adoptar las medidas necesarias para tramitar el recurso, que deberá concederse con efecto suspensivo.
Esto implica que, mientras se sustancia la apelación, queda suspendida de manera provisoria la aplicación de las astreintes al jefe de Gabinete. Un funcionario del Gobierno explicó en términos simples la implicancia del fallo dado a conocer este jueves.
La sanción a Santilli fue dispuesta horas antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para esta jornada en reclamo de la aplicación de la norma. La decisión alcanzó inicialmente al titular de la Jefatura de Gabinete, aunque el magistrado advirtió que podría modificar tanto el monto como los funcionarios obligados a cumplirla. La resolución fue dictada luego de dos advertencias previas al Gobierno.
El Estado Nacional sostuvo que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 elevaron la mejora acumulada de los salarios universitarios al 226,80 %, por encima del 226,40 % que, según su interpretación, correspondía para el período entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. El cálculo incluyó un aumento del 21,33 % dispuesto en junio de 2026.
La cautelar judicial
La medida judicial ordena adecuar las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor entre enero de 2023 y julio de 2025. Ese mecanismo supondría un aumento del 40,25 % sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.
La ley también dispone una actualización mensual de los haberes conforme al índice de inflación y la recomposición de las becas estudiantiles. El juez consideró acreditado que esas obligaciones no habían sido cumplidas.
