Referentes de la comunidad científica y académica se pronunciaron en rechazo a la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar la política integral de ciencia y tecnología en Parques Nacionales, a través de la resolución 316 tomada por las autoridades del organismo.
Los especialistas, técnicos, administrativos, trabajadores, profesionales e investigadores difundieron una solicitud de adhesiones al recurso de reconsideración de la Resolución RESFC-2026-316-APN-D#APNAC.
“Quienes suscribimos la presente manifestamos nuestra preocupación y rechazo a la desarticulación de la política integral de ciencia y gestión del conocimiento de la Administración de Parques Nacionales (APN), producida a partir del dictado de la Resolución RESFC-2026-316-APN-D#APNAC que tramita por EX-2026-89440781- -APN-DGA#APNAC, y solicitamos al Directorio su revisión y reconsideración”, sostiene el comunicado que apunta directamente contra la desarticulación de las normas que desde 2020 habían construido un marco institucional para la gestión del conocimiento científico-técnico en la Administración de Parques Nacionales.
La gestión del conocimiento científico en el organismo se sostenía por resolución y tiene eje en los “Lineamientos Estratégicos de Gestión del Conocimiento, Investigación y Producción Científico-Tecnológica en la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES” y la Disposición Conjunta DISFC-2023-3-APN-DNC#APNAC que aprobó el Plan de Gestión del Conocimiento, Investigación y Producción Científico-Tecnológica de la Administración de Parques Nacionales 2023-2030.
Eliminación de la política integral de ciencia en Parques Nacionles
La derogación de la precitada Disposición desarticula el marco programático institucional para la ejecución de la investigación y la producción científico-tecnológica aplicada a la gestión de las áreas protegidas nacionales.
Así, se abandona un esquema integral que tenía como eje la aplicación científica para la gestión de los bienes comunes y de la biodiversidad que alberga el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que son propiedad inalienable de la Nación.
“Entendemos que la medida adoptada interrumpe un proceso institucional orgánico y constituye un recorte del marco desde el cual el personal científico produce y aplica conocimiento para la toma de decisiones sobre la conservación de aproximadamente 18 millones de hectáreas continentales, insulares y marinas, que involucran bienes comunes naturales y culturales de enorme valor ambiental, social y económico, pudiendo redundar en efectos adversos sobre los bienes de la Nación que Administra Parques Nacionales“, apuntan en el documento.
El documento:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJTtPNdZzLQq7fG76RKumxe-1UamrRp3dBsM5ks4OhiluJYw/viewform
Una actualización “de prioridades” no requiere desarticular una política integral
En los considerandos de la Resolución 316/2026 no se expone una evaluación integral y participativa de los resultados alcanzados por el Plan 2023, su grado de implementación, sus metas cumplidas o incumplidas, sus indicadores o las deficiencias concretas que justificarían su eliminación.
Los firmantes sostienen que la necesidad de actualizar prioridades “podía ser abordada mediante los mecanismos de revisión y actualización previstos en el propio Plan, sin necesidad de eliminar el marco integral existente”. Por tanto, argumentan que la sanción de la medida parece carecer de objetividad para su sanción e implementación.
“Es necesario una política de conocimiento integral para que la gestión de los bienes comunes que residen en las áreas protegidas se realice de manera efectiva y eficiente de manera tal de que Sistema Nacional de Áreas Protegidas pueda anticipar incendios y otros riesgos; proteger glaciares, cuencas y fuentes de agua; conocer y proteger la biodiversidad autóctona y sus interrelaciones, comprender los efectos del cambio climático; comprender los procesos geológicos que configuran y modifican el paisaje, conservar ecosistemas y diversidad genética; proteger el patrimonio natural, cultural, arqueológico y paleontológico; evaluar impactos sobre los ambientes y las comunidades y seguir aportando con bienes y servicios a toda la sociedad“, sostienen.
El personal de Parques Nacionales también es parte de esta discusión
En agosto de 2026, trabajadores científicos de la Administración de Parques Nacionales fueron afectados por la interrupción de la liquidación del suplemento correspondiente a sus funciones científico-técnicas, con reducciones de sus remuneraciones que, en algunos casos, superan el 20% de sus haberes.
En ese marco es relevante el artículo 4° de la Resolución 316/2026, mediante el cual se encomienda a la Dirección General de Recursos Humanos requerir la intervención de las unidades sustantivas a efectos de “identificar al personal alcanzado” por los nuevos Lineamientos y Actividades Científico-Técnicas aprobados por dicha medida.
“Entendemos que la relación jurídica, administrativa y temporal entre ambas situaciones amerita una explicación institucional expresa, particularmente considerando que una parte sustancial de la planta científico-técnica del Organismo accedió a sus cargos mediante concursos públicos conforme lo establecido en la Ley de Parques Nacionales, la Ley de Empleo Público y la Constitución Nacional”, puntualizan.
Por eso, apuntan que la sucesión temporal entre la entrada en vigencia del nuevo esquema institucional y la interrupción del pago de funciones específicas al personal científico-técnico torna necesario aclarar cuáles fueron los criterios aplicados para determinar el personal alcanzado y cómo dichos criterios se encuentran fundados en las normas vigentes que regulan el empleo público.
Lo que está en juego
En el escrito advierten que “lo que está en juego es el lugar que tendrá la ciencia dentro de la Administración de Parques Nacionales y la capacidad del Estado de producir conocimiento propio y soberano para tomar decisiones objetivas para la gestión de la conservación de los bienes comunes de la Nación basados en evidencia“.
“Por ello, sostener una política científica integral en Parques Nacionales significa defender capacidades permanentes del Estado necesarias para cumplir los presupuestos mínimos ambientales establecidos en la Constitución Nacional, el conjunto de leyes que hacen a la política ambiental argentina y donde la Administración de Parques Nacionales juega un rol fundamental”, señalan.
Así reclaman que “el Directorio de la Administración de Parques Nacionales reconsidere la Resolución RESFC-2026-316-APN-D#APNAC y restablezca un marco integral y participativo de gestión del conocimiento, investigación y producción científico-tecnológica para el conjunto de las áreas protegidas nacionales“.
Además, piden que se garantice la continuidad de una política científica institucional, federal e integral; la articulación de APN con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; la producción de conocimiento propio orientado a las necesidades de conservación y gestión que demanda la sociedad.
Y exigen que se restablezca el suplemento salarial correspondiente al personal científico-técnico en cumplimiento con la ley de empleo público y el respeto a los derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional.
“La ciencia no constituye una actividad accesoria de la conservación. Es una capacidad estratégica del Estado para conocer, proteger y gestionar los bienes comunes naturales y culturales de la Nación y los beneficios que de ellos redundan en la sociedad argentina“, concluyen.
Seguí leyendo: El Gobierno desarticuló la política integral de ciencia de Parques Nacionales
