Los familiares de las 90 víctimas fatales por la provisión de fentanilo adulterado señalaron que “no fue un error, sino un crimen”, y volvieron a reclamar justicia, en la causa que investiga el juez Erneso Kreplak.
El acta de procesamiento de las funcionarias de ANMAT e INAME revela la cifra final de muertos y otros datos sobre los afectados. El juez Kreplak señaló que hubo “dilaciones injustificadas, reuniones clandestinas y arreglos incomprensibles”.
El pasado 1 de septiembre el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó el procesamiento contra las máximas autoridades con facultad de policía para certificar que los laboratorios que producen medicamentos cumplen con las Buenas Prácticas de Fabricación.
El magistrado consideró que Agustina Bisio, titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), fueron partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales y confirmó, caso por caso, una nómina cerrada de 90 pacientes fallecidos y 44 sobrevivientes con secuelas. En total, 143 víctimas, además de la constitución de 47 querellas en el expediente.
La responsabilidad de las funcionarias de la ANMAT y el INAME
El juez no solo cuantifica con precisión el impacto de la tragedia, las edades de los afectados y los lugares en que fueron tratados con el medicamento en mal estado, sino que describe con criterio científico los síntomas que padecieron, las “reuniones clandestinas” entre supervisoras y supervisados -ya procesados y encarcelados-, y la magnitud del expediente que ocupa cajas, cajones, estanterías y hasta depósitos donde se resguardan más de 230.000 ampollas contaminadas, que los funcionarios judiciales lograron retirar de circulación en un extraordinario despliegue a lo largo de todo el país, evitando que esos medicamentos llegaran a más pacientes.
Entre los 90 fallecidos que reconoce la resolución, la víctima de menor edad es Catarina Chamorro, una beba de siete meses muerta el 23 de mayo de 2025 en el Sanatorio de Niños y Maternidad Oroño de Rosario. También figuran varios adolescentes y jóvenes: Bautista Mena Báez, de 17 años, fallecido el 24 de abril en el Hospital Italiano de La Plata, el mismo establecimiento donde murió Renato Nicolini, de 18 años, el 5 de mayo. La víctima de mayor edad es Rosa Gómez, de 90 años, fallecida el 31 de marzo en el Sanatorio Diagnóstico SA de Santa Fe.
Omisión de decisiones y sanciones
El tramo de 65 a 79 años concentra 43 de los 90 fallecimientos, el 47,8% del total. La edad promedio de las víctimas fatales es de 61 años, y el período que abarcan las muertes confirmadas se extiende desde el 12 de febrero hasta el 2 de julio de 2025, casi cinco meses.
El magistrado, apuntó que “Mantecón Fumadó y Bisio, a total sabiendas de lo que ocurría con los laboratorios, omitieron tomar decisiones correctivas y sancionatorias necesarias, idóneas y oportunas en aras de proteger la salud de la población”.
En diálogo con el medio Infobae, varias de las familias de las víctimas fatales que forman parte del expediente judicial. Además de aportar una foto de sus seres queridos, los dolientes los recordaron con emoción y reclamaron “justicia”. Sus palabras describen a padres, madres, hermanos e hijos que murieron de una manera que consideran “injusta y evitable”.
